Un contundente llamado de alerta sobre la situación institucional de Venezuela emitió este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un informe publicado en Ginebra, el organismo denunció que las estructuras estatales dedicadas a la represión y a las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos permanecen intactas, restando solidez a las aperturas políticas registradas en el último año.

La presidenta de la Misión, Sofía Macher, enfatizó que la falta de reformas de fondo mantiene en riesgo los avances recientes: “Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, advirtió.

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Reducción de detenciones pero persistencia de torturas

El informe técnico reconoce que, tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se registró una disminución de detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de presos políticos.

Sin embargo, la Misión documentó e investigó 64 nuevos casos de tortura posteriores al cambio de mando, demostrando que las prácticas de maltrato sistemático no se han erradicado del todo en los centros de reclusión.

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Cargos clave e impunidad en el aparato de seguridad

Uno de los aspectos más críticos expuestos por los investigadores de las Naciones Unidas señala que al menos una veintena de altos funcionarios vinculados de manera directa a violaciones graves de Derechos Humanos continúan en sus cargos o han sido reasignados a posiciones clave dentro del organigrama estatal.

Adicionalmente, el documento subraya que los cuerpos de seguridad, organismos de inteligencia y leyes punitivas empleadas para la criminalización de la disidencia se mantienen sin modificaciones estructurales. De igual forma, la Misión instó al Gobierno de transición a desarmar y disolver a los grupos civiles armados o colectivos que ejercen acciones de intimidación en los sectores populares.

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