Exponen la situación ante el Gobierno nacional
Integrantes de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) adelantan mesas de trabajo para buscar una respuesta institucional frente a la situación que enfrenta Medicina Legal en Ocaña.
Guerrero explicó que cuando una persona fallece y las causas de la muerte son desconocidas, es obligatorio practicar la necropsia, responsabilidad que hoy recae sobre el municipio debido a que Medicina Legal no dispone de una infraestructura adecuada para realizar esos procedimientos.
"Esa obligación también aplica para las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jurisdicción y para los homicidios registrados en los últimos días", precisó.
Según el secretario de Gobierno, durante este año la Alcaldía ha financiado más de 40 procedimientos forenses, precisamente porque Medicina Legal carece de instalaciones propias.
"Con el acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo hemos solicitado al Ministerio del Interior que, una vez finalice la Ley de Garantías, se avance en un convenio mediante el cual el municipio entregaría varios lotes para viabilizar la construcción de la nueva sede", agregó.
Otra de las alternativas planteadas consiste en adecuar una unidad móvil de tercera generación, con autorización del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, para realizar allí las necropsias mientras se concreta una solución definitiva.
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La preocupación aumenta por la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Como ejemplo, Guerrero recordó el asesinato de dos jóvenes oriundos de San Pablo, corregimiento de Teorama, cuyos cuerpos fueron trasladados a Ocaña luego de ser hallados el 20 de julio en la vereda La Madera, generando nuevos costos para la administración municipal al tratarse de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción.