El exalcalde de Salazar de las Palmas en el periodo (2020-2023), Frank Carlos Castrillón Rojas fue sancionado  por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por 10 años, debido a irregularidades en un contrato sobre el trazado del acueducto del municipio.

Según el órgano de control, el exmandatario habría celebrado de manera directa y verbal un contrato por una suma poco superior a $24 millones para que se efectuaran estudios prediales, sin que existiera una urgencia manifiesta para realizar el procedimiento.

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La falta fue calificada como gravísima, a título de dolo. No obstante, el fallo en primera instancia fue apelado.

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