El operativo realizado por las Fuerzas Militares el pasado lunes 10 de agosto en el Catatumbo, en el marco de las políticas de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, generó rechazo entre habitantes de las zonas rurales de los municipios de Tibú y San Calixto.

La reacción se produjo después de que tres civiles de la vereda Sinaí resultaran heridos durante el operativo desplegado en la zona.

La redada se llevó a cabo después de que el presidente Abelardo de la Espriella pronunciara su primer discurso, en el que aseguró que el diálogo con los grupos armados había llegado a su fin.

Cabe resaltar que durante el gobierno anterior se realizaron 25 ataques de las Fuerzas Militares colombianas contra diferentes grupos armados, tres de ellos en Norte de Santander.

Reacciones en el departamento 

Frente a los recientes bombardeos, Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), calificó la situación como negativa, pues, según afirmó, el Estado debe ser garante de los derechos humanos.

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A su parecer, estas acciones militares no resolverán el problema de seguridad de Norte de Santander, sino que, por el contrario, continuarán afectando a la población del Catatumbo.

“Habitantes de los municipios de El Tarra, San Calixto, Hacarí, Tibú y Sardinata alertaban con preocupación sobre los sobrevuelos de aviones bombarderos, helicópteros y bombardeos desde la base militar de El Tarra hacia la zona norte de San Calixto. Luego, la Personería y la Alcaldía de El Tarra informaron que fueron afectados, presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, bienes y personas civiles”, precisó.

Frente a ello, el directivo expuso que estos hechos generan temor ante futuras operaciones militares que puedan vulnerar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Asimismo, Quintero recalcó que, aunque el Estado tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad, la Constitución también lo obliga a buscar la paz.

“Los conflictos tienen que resolverse por medio del diálogo y de procesos que respeten a la población civil. Además, es importante que se establezcan tiempos y metodologías claras y que los actores armados ilegales respeten el DIH”, declaró Quintero, quien sostuvo que también son necesarias inversiones sociales para transformar este territorio.

Por su parte, Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz del departamento, manifestó que desde la Gobernación de Norte de Santander siguen apostando por encontrar posibilidades de una salida negociada a la violencia, en la que no se vea afectada la población civil.

“En cualquier operación militar o cualquier operación que realicen las personas que están en un conflicto, es fundamental que se respete el DIH. Las acciones que ocurrieron, aunque fueron parte de operaciones militares del Gobierno colombiano, terminaron afectando a la población civil, según lo que informaron las autoridades locales”, resaltó el funcionario.

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Entretanto, Lina Mejía, coordinadora de Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos, indicó que debe existir una respuesta y claridad sobre por qué resultaron afectados civiles durante este operativo militar.

Asimismo, la coordinadora señaló que el llamado es a no restarle importancia a las denuncias formuladas por las personerías, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos sobre este hecho.

“También hacemos un llamado a que, en caso de que los operativos militares y, particularmente, los bombardeos continúen, se tenga una evaluación, una orden operativa y una ejecución de estas operaciones que, de ninguna manera, pongan en riesgo la vida, la integridad ni los bienes de la población civil”, agregó Mejía.

A su turno, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, señaló que no existe claridad sobre si los daños fueron causados por ataques de la Fuerza Pública. 

Explicó que, aunque en el territorio se realizaron bombardeos, los daños registrados en la vivienda afectada presentan características similares a las provocadas por drones cargados con explosivos.

“Si hubiera sido con un artefacto de la Fuerza Aérea, habría destruido en su totalidad esta vivienda. Además, la casa tiene antecedentes de haber sido atacada con drones en el pasado”, añadió Mayorga, quien destacó que podrían estar existiendo presiones de los grupos armados ilegales sobre la población para contrarrestar los bombardeos.

De igual manera, el presidente de la asociación indicó que, a través de un comunicado, las Fuerzas Militares de Colombia también confirmaron que en esa vereda no se realizaron operaciones, sino que las acciones fueron ejecutadas en los municipios de San Calixto y Tibú.

Finalmente, Diana Riveros, representante a la Cámara por Norte de Santander, expresó su preocupación por los civiles heridos durante las operaciones militares entre San Calixto y El Tarra.

Resaltó que, aunque la lucha contra los grupos armados ilegales es una responsabilidad del Estado, la vida y la integridad de la población civil deben ser una prioridad.

“En el Catatumbo hay personas que no son parte de la guerra y que quieren salir adelante. Les pido a los grupos armados no involucrar a la población en el conflicto y a las autoridades proteger a quienes nada nada tienen que ver en este conflicto”, concluyó

Lo que responde el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional se pronunció tras el operativo realizado por las Fuerzas Militares la noche del pasado lunes 10 de agosto, que dejó como resultado la neutralización de dos presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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Asimismo, se dio a conocer que, durante la intervención, fueron incautadas aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y diversos materiales de guerra, entre ellos 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

También se informó sobre la incautación de material de comunicaciones e intendencia, y se notificó la ubicación y destrucción de dos búnkeres y cinco áreas campamentarias utilizadas por el Eln.

El Ministerio de Defensa aclaró que esta operación fue planeada y ejecutada bajo los principios del derecho internacional humanitario, con énfasis en la protección de la población civil y la integridad de los uniformados que participaron en el operativo.

Por último, en la declaración se precisó que la operación fue desarrollada en la zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, y no específicamente en la vereda Sinaí. Por ello, desmintieron que las Fuerzas Militares hayan llevado a cabo una operación que dejara víctimas civiles.

Redacción: Juan Marco Rivas - Angie Jaimes .

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