Los sectores relacionados con los cultivos de coca en Catatumbo coincidieron en que sustituirlos es una prioridad y la única alternativa ante la decisión del gobierno de reiniciar las fumigaciones terrestres con glifosato.

Así lo corroboraron los cocaleros de la zona que afirman estar dispuestos a hacer pilotos de sustitución, y a adelantar el control social necesario para privilegiar una salida concertada ante la lucha estatal sobre los cultivos ilegales.

Sin embargo, pese a la intención de poner freno al cultivo de coca, las hectáreas terminaron pasando -según datos preliminares de la secretaría de Gobierno departamental- de 5 mil a 9 mil hectáreas en los últimos años.

Finalizando el año anterior, los campesinos empezaron a insistir en la necesidad de conciliar la no expansión de los cultivos, para ser ellos mismos veedores del cumplimiento de esta decisión, mientras se ejecutan los esperados proyectos productivos de sustitución.

Sin embargo, anuncios como el del Consejo Nacional de Estupefacientes de retomar el proceso de fumigación despertó críticas entre diversos sectores sociales de Catatumbo.

Para el alcalde de Hacarí, Milcíades Pinzón, aunque no hay información sobre la fumigación, esta no será positiva.

“Es más viable la erradicación manual, siempre que existan cultivos alternativos, porque sin eso no hay nada”, afirmó. “Eso lo han expresado los campesinos”.

Él, como los habitantes de la zona rural temen no solo por la militarización de sus veredas, sino por la afectación ambiental al fumigar.

“Cuando se hizo la aspersión aérea hubo una pérdida masiva de los cultivos de plátano, yuca, maíz y fríjol”, comentó.

Por su parte, Heriberto Solano, líder comunitario expresó su preocupación por los riesgos ambientales que se derivarían de la fumigación, tanto cultivos como en fuentes hídricas.

Jesús Sánchez, exalcalde de Ocaña, también criticó la decisión unilateral y aseveró que, luego de haber sido mandatario y participar de algunas discusiones de la mesa de Catatumbo, la fumigación nunca fue el objetivo, sino brindar oportunidades para que los campesinos cambiaran su modo de sustento.

“Lo ideal es concertar, pero no tomar una decisón radical cuando quedan compromisos”, refirió. “¿De qué sirvió, entonces, tanta reunión, desplazamientos de los alcaldes de un lado a otro, si al fin de cuentas van a erradicar?”.

Según contó, durante el paro de 2013 su alcaldía invirtió casi $200 millones solo en la alimentación de los policías encargados de la seguridad de la zona; de ahí en adelante, los diálogos se fueron en gastos pero sin avances concretos para salir de la coca.

“Estamos contra el narcotráfico, y sabemos que los campesinos quieren arrancar la coca, pero mientras el plátano, o el cacao producen, ¿de qué van a vivir?”, cuestionó.

Por su parte, Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), también señaló que los campesinos de Catatumbo “tienen la esperanza de sustituir, pero no hay respuestas serias”.

“Aquí lo que se requiere es diálogo y concertación, porque no hay confianza en el Gobierno que cree que todo se arregla arrancando la mata”, agregó. “Si no hay voluntad política de garantizar condiciones sociales, es inevitable que los cultivos sigan creciendo porque no hay alternativas”.

Algunas inquietudes

Voceros del orden nacional como Daniel Rico, exasesor de Política Antinarcóticos del ministerio de Defensa, y miembro de la Fundación Ideas para la Paz, opinó que la nueva estrategia no es eficiente por los costos económicos y humanos.

Los riesgos que se temen son las minas antipersonales, los ataques por francotiradores y el valor de los helicópteros que llevan a los uniformados, y cuyo costo por hora es de $18 millones.

El gobernador, William Villamizar, si bien no se comprometió a avalar o rechazar la propuesta, reiteró la necesidad del diálogo, para evitar confrontaciones y, en especial, un nuevo paro en Catatumbo.

“Considero que se debe trabajar de la mano de las comunidades para evitar un paro”, dijo. “No hay necesidad de la violencia”.

Entre tanto, el secretario de Víctimas departamental, Luis Fernando Niño, expresó que lo primordial es buscar alternativas a los cultivos.

“Los mecanismos que se utilicen, ojalá no causen traumatismos y esperamos que las erradicaciones no se conviertan en otro motivo de conflicto”, enfatizó.

La Opinión