La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) invertirá en la región del Catatumbo más de 120  millones de pesos para financiar cultivos, herramientas agropecuarias y dotación a colegios.

Los municipios favorecidos serán La Playa de Belén, Cáchira y Teorama, con 427 personas en situación de pobreza y desplazamiento que serán los beneficiarios. 

Carmen Echávez, directora regional de la Unidad, visitó La Playa de Belén para entregar dos proyectos educativos que llegan a los 40 millones de pesos.

El primero beneficiará al Centro Educativo Maciegas donde se hará la entrega de dotación de inmobiliarios por 20 millones. El segundo, se realizará en el Colegio Benjamín Quintero Álvarez para el mismo fin.

“Son obras dirigidas a 282 hogares desplazados y vulnerables”, dijo.

Estás acciones, espera la directora, mejorarán las condiciones de vida de los estudiantes pues las instituciones contarán con comedor, cocina y lavaplatos industrial, biblioteca, armarios, entre otros accesorios. 

Posteriormente se tiene prevista la inclusión de un plan de alimentación escolar.

La directora de la Unidad de Victimas también hizo mención de otros dos proyectos dirigidos a los campesinos con el fin de apoyar su sostenimiento mediante la financiación de los sembradíos.

En la Playa de Belén, por ejemplo, se presende  fortalecer el cultivo de cebolla roja con el uso de una nueva variedad y técnicas que no se han desarrollado hasta ahora.

Los productores favorecidos serán víctimas del conflicto provenientes de las veredas Mesa Rica, Aguadas y Aratoque.

El presupuesto será de 21 millones de pesos y beneficiará a 111 personas.

Otra iniciativa se relaciona con la implementación de sembradíos de tomate y plátano larga vida que buscan garantizar la seguridad alimentaria a la población en riesgo de victimización de la vereda Altagracia, de Teorama.

El rubro en este caso es de 20 millones de pesos para 71 campesinos. 

Por otro lado, en Cáchira 50 familias pobres participarán del  programa agroalimentario de dotación de herramientas aptas para trabajar la tierra, cuyo contrato costará de $40 millones.

“Con esto se pretende el apalancamiento de los agricultores que han atravesado situaciones complicadas de atraso económico y que se encuentran en una difícil condición social”, señaló Echávez.