Más de 700 cultivadores de coca, amapola y marihuana  del Catatumbo y otras regiones del país, reunidos en Putumayo, acordaron establecer un “mandato popular” según el cual habrá cuatro ejes que serán expuestos ante el gobierno nacional para modificar la actual política antidrogas.

De acuerdo con un documento aprobado en la reunión, los puntos son:

-Sustitución del ingreso derivado de los cultivos declarados ilícitos, y legalización de los cultivos y usos tradicionales y alternativos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

-Normalización y regularización del consumo de plantas y drogas declaradas ilícitas.

-Medidas para la superación del narcotráfico.

-Reparación de las víctimas de la política antidrogas.

En relación con el primer aspecto, se habla de que la sustitución del ingreso derivado de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola debe ser concertada entre las comunidades y el Estado, teniendo en cuenta tiempos de transición y adaptación de las comunidades.

Es decir, la gradualidad solo iniciará cuando el cultivador perciba ingresos estables para su economía.

Según se explica, todo el proceso productivo deberá ser financiado por el Estado, e incluye siembra, cosecha, transformación, construcción de centros de acopio, vías de acceso, comercialización y consumo final.

Sobre el segundo punto, se definió la necesidad de establecer canales legales de producción, distribución y consumo, controlados por las comunidades, que deberán organizarse en asociaciones, “con el fin de acabar con el monopolio de la distribución de drogas psicoactivas por parte de las organizaciones criminales”.

Así mismo, se habla de regularizar los cultivos y privilegiar las formas de producción artesanal por encima de las industriales, e incluso se habla de un banco de semillas nativas de coca, marihuana y amapola.

En al tercer aspecto, se pedirá reconocimiento y legalización estatal de los cultivos de uso ilícito para la producción e industrialización de sus derivados alimentarios y medicinales.

Así, se definió que las comunidades —a través de los mecanismos organizativos que elijan—, controlarán la siembra, producción y uso de los cultivos.

Sin embargo, se afirma que para controlar la siembra y producción, las comunidades se comprometen a reactivar los cultivos de pancoger para garantizar la soberanía alimentaria.

Finalmente, la principal exigencia es la derogación y eliminación de la política antidrogas actual, que implica la judicialización de quienes se dedican a este tipo de producción.

Lo que opina la Gobernación

Al ser consultado sobre esta propuesta en la que se ven directamente involucrados campesinos del Catatumbo, el gobernador Édgar Díaz declaró que este es un tema que debe manejar directamente la Presidencia, tal como se ha hecho hasta ahora con respecto a la erradicación de la hoja de coca.

En relación con su opinión sobre la declaratoria de un mandato popular en este sentido, a través de una constituyente que se asemeja a la realizada en El Tarra el año anterior, contestó que “aquí hay una sola constituyente y es la que rige al país, y hay una sola ley que rige al país”.

Insistió en que lo más importante es llegar a los campesinos con inversión social, pues en regiones como el Catatumbo, históricamente ha habido abandono y falta de proyectos que apoyen a las comunidades productivas de la zona.