La creación de un documento Conpes anunciado por el ministerio de Ambiente, en el que se establezcan compromisos, necesidades de inversión y política pública para garantizar que las comunidades de Santurbán no queden desprotegidas fue bien recibida por algunas veedurías asistentes a la presentación de la metodología para cumplir la sentencia T-361, sobre la delimitación de Santurbán.

El encuentro, sostenido en Cúcuta con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, más 18 de los 20 alcaldes de la zona de influencia del páramo, la Gobernación, Corponor, y otros, también concluyó que se plantea crear “una comisión intersectorial de gobierno, a través de decreto presidencial, que se encargue de la toma de decisiones relacionadas con el páramo de Santurbán”, expresó Murillo.

Si bien estas decisiones, en particular el Conpes, se pondrán a consideración de la comunidad, para Diego Rueda, miembro de la Mesa de trabajo ambiental de Norte de Santander, resulta favorable que se tomen “precauciones para que el proceso trascienda”.

“El Conpes es un documento que está al margen de cualquier nuevo plan de gobierno y establece otras fuentes de financiación”, dijo. “Es una garantía de que se tiene una política social en torno a la nueva delimitación”.

El veedor resaltó además la “actitud más abierta y favorable a los intereses de la comunidad, y eso representa un cambio frente a las declaraciones iniciales, en torno a la rigidez del proceso”, y celebró que la exposición fuese “transparente” y liderada por un asesor jurídico del ministerio.

Adicionalmente, dio a conocer que en desarrollo de la reunión se dieron otras garantías que tranquilizaron a algunos de los participantes, sobre los nodos y los tiempos. 

Para el primer caso, se explicó que durante la fase inicial el proceso explicativo se hará por nodos, pero para la segunda fase “el ministerio está abierto para concertar el mecanismo para que todos los interesados puedan participar”.

Vale recordar que los nodos se iniciarán mañana, a las 9 a.m., en Ábrego, Bucarasica, Villa Caro, La Esperanza y Cáchira, para continuar el sábado 7 de abril en el coliseo de la Ufps de Cúcuta.

En relación con el cronograma “fueron claros en que su interés es terminar antes del fin del periodo presidencial, pero  no es camisa de fuerza”.

Por su parte, Murillo instó a efectuar un trabajo conjunto y recordó que si bien la delimitación establecida en la resolución 2090 “ha garantizado una óptima calidad del agua de los afluentes que surgen de Santurbán, será objeto de mejoras y para eso es este proceso de participación”. 

“Consideramos que hay oportunidad para resolver las inquietudes que puedan tener las comunidades campesinas, ambientalistas y comunidad en general, comprometida a que se mantenga este activo ambiental”, agregó. 

Dijo que las preocupaciones de la comunidad campesina se conoce por otras sesiones de trabajo “y se han incorporado esas preocupaciones a instrumentos legislativos como el proyecto de ley de páramos que se tramita en el Congreso, los lineamientos de delimitación de páramos que están próximos a salir, la zonificación y planes de manejo”.

También hubo críticas

El alcalde de Salazar, Ronal Jaimes, manifestó preocupación por el uso del suelo, debido a que las comunidades “son la despensa de los santanderes”, y se mostró inquieto por “la forma de pensar de los 10 municipios de Santander que sí comparten la minería”.

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Por ello, enfatizó en que no se quiere minería en ninguno de los santanderes, “porque sería su fin”.

Por su parte, la alcaldesa de Mutiscua, Ana Dolores Solano, pidió que el ministerio explique con toda claridad que ocurrirá sobre la línea de páramo, no debajo de ella, y exigió claridad.

El gobernador, William Villamizar, rechazó la minería a gran escala y las grandes siembras en páramos, pues toda posición extrema genera deterioro.

“Lo ideal es llegar a un equilibrio para no perjudicar la subsistencia de las familias ni el medio ambiente, y así se trabajará en las mesas de concertación”.