En lo corrido de 2018, el Catatumbo y en especial las zonas rurales de San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra, recibieron el impacto humanitario más alto de los últimos siete años, por el incremento de acciones armadas, ataques contra civiles, accidentes con minas antipersonal y municiones sin explotar, según registra un documento de Ocha (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios).

El informe señala que en este periodo se superó en más de 6 mil personas el total de víctimas de desplazamiento, y más de 112 mil habitantes sufrieron restricciones al acceso de bienes y derechos fundamentales, en comparación con 2017.

En este sentido, se señala la necesidad de incentivar la protección, por el alto grado de vulnerabilidad de las comunidades, y se urge a las instituciones de gobierno para dar celeridad en rutas de acceso a derechos de la población desplazada y protección a líderes comunitarios.

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Así mismo, se indica que la ocurrencia de “situaciones de múltiple afectación por la exposición a riesgos”, tienen origen  en el conflicto armado y en emergencias por desastres naturales y flujos migratorios mixtos desde Venezuela, asentados en la región.

Se suman los vacíos de protección a los inmigrantes, dada su situación de irregularidad, y la falta de atención por ausencia de un marco normativo que permita atender a extranjeros sin documentación que adquieran condición de víctima por conflicto armado y dificultades para acceder a bienes y servicios básicos (salud, empleo, alimentación y educación), para lo cual se requiere documentación regular.

Guerra entre Eln y Epl

El documento dice además que en abril, las emergencias humanitarias se acentuaron con el paro armado impuesto por el Epl, entre 15 y 30 de abril.

Durante este lapso, más de 154 mil personas de 11 municipios del Catatumbo (San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen, Tibú, Sardinata, Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén) tuvieron afectaciones humanitarias.

Esto, agudizó la situación que venía ocurriendo desde el 14 de marzo, cuando los enfrentamientos entre el Epl y el Eln, más otras acciones armadas, impactaron a los ciudadanos, por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

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Entre los ataques directos contra la población civil se destacan: amenazas, retención de personas, heridos y muertos que quedaron en medio de los enfrentamientos, infracciones a la misión médica, bloqueo de vías, ataques contra bienes civiles y presencia de minas antipersonal.

Otros datos

Entre las consecuencias de la guerra entre Eln y Epl, y otros hechos violentos ocurridos en el territorio, se identificaron:

8.820 personas desplazadas masivamente, en 37 eventos.

20 establecimientos educativos fueron cerrados durante el paro armado.

44 mil niños no tuvieron acceso a educación.

145 mil personas (campesinas e indígenas) sufrieron restricciones al acceso a alimentos y medios de vida, salud, educación.

41 acciones armadas.

70 ataques contra la población civil.

Afectación en seguridad alimentaria y medios de vida (entre 80 y 100 por ciento), por las restricciones de acceso, movilidad y el cierre de establecimientos comerciales.

Desbordamiento de la capacidad institucional que obligó a decretar calamidad pública.