Un total de 1.195 familias de Tibú, dedicadas al cultivo de coca y marihuana, se comprometieron a sustituir estas plantas de uso ilícito en cuanto se formalice este proceso con el Gobierno Nacional.
Así lo dio a conocer Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien indicó que los cocaleros tienen voluntad de que se ponga fin a esta alternativa económica que, ahora, “solo genera ingresos para subsistir”.
Según el vocero, las familias identificadas inicialmente viven en 16 veredas, las cuales fueron visitadas por la Asociación.
“Si el acuerdo de paz se firma hoy, o dentro de varios meses, o si se empieza a implementar el acuerdo cuatro de La Habana, nosotros tenemos listo lo más importante: la voluntad de la gente”, declaró.
El proceso de identificaicón se inició hace 20 días con dos equipos de trabajo, sin acompañamiento ni del Gobierno Nacional ni de organizaciones internacionales.
“Es un ejercicio autónomo en el que se han conformado comités de productores y trabajadores de coca y marihuana”, agregó Quintero. “Los comités permiten que la gente exprese su decisión de sustituir los cultivos”.
El recorrido culminaría en dos meses, en vista de que Tibú tiene más de 180 veredas.
Si bien no en todas hay presencia de cultivos de uso ilícito, preliminarmente se conoce que hay un 70 por ciento de estas cultivadas.
“Hemos encontrado mucha disposición de la comunidad de transitar hacia la sustitución, y reafirmar la voluntad de paz”, agregó. “Al terminar, se convocará a un encuentro municipal de cocaleros en Tibú para enviar un mensaje al Gobierno, que debe decirnos cómo se hará la sustitución”.
Además del hallazgo social y político, se determinó (también de forma preliminar) que el 95 por ciento de las familias que quieren sustituir tienen entre una y tres hectáreas de coca.
El plan que, según Quintero, debe establecer el gobierno incluye un estudio de suelos para definir qué se sembrará, y luego, sustraer parte de las tierras de Catatumbo, integradas a la Ley Segunda, para que se incluyan en el fondo de tierras, acordado en La Habana.
Con ello, “nos beneficiamos para la eventual constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC)”, comentó.
Así las cosas, estaría pendiente la formalización de la propiedad de la tierra, la actualización del plan de desarrollo sostenible de la ZRC con estudios de clima, suelos, tenencia de tierra, y la puesta en marcha de cooperativas y empresas campesinas que den estabilidad económica a los productos agrícolas de Catatumbo.
Dudas por el cumplimiento
Aunque la voluntad de los cocaleros está en firme, se teme por la capacidad de cumplimiento del Gobierno.
Según Quintero, “con la sustitución podría pasar igual que con las Zonas de Reserva Campesina: que se dejan a disposición de lo que se acuerde en La Habana”.
Al respecto, señaló que no es posible que se supediten las demandas del campesinado a los acuerdos de paz, “porque es peligroso que si no sale nada de La Habana, tampoco habrá solución para los campesinos”.
Por tal motivo, no se descarta que haya confrontación política y movilizaciones, particularmente si entran los erradicadores a la zona.
“Hemos incluido el tema de la erradicación en la consulta por la sustitución, y establecimos que más de mil familias aprueban un paro campesino si hay erradicación forzada”, afirmó. “Esperamos que esto no ocurra y que los compromisos sean reales para el beneficio de esta perseguida población”.
La Opinión
