A puerta cerrada, las autoridades analizaron la situación de seguridad de esta zona del país y definieron estrategias para enfrentar a las estructuras armadas ilegales y combatir las economías ilícitas que se mueven por los corredores viales que comunican al Cesar con Norte de Santander.
El Consejo de Seguridad estuvo presidido por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Defensa, Jorge Eduardo Mora, con el acompañamiento de la cúpula militar y de la Policía Nacional.
Durante el encuentro, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y los alcaldes del Catatumbo expusieron la situación que atraviesan sus municipios por la actuación de los grupos armados ilegales y el impacto que esta tiene sobre la población civil.
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Los mandatarios insistieron en que la región requiere acciones concretas y no nuevos diagnósticos. También reclamaron la ejecución de los planes de inversión previstos para recuperar las condiciones sociales y económicas de las comunidades afectadas por la violencia.
Acciones de seguridad
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, destacó la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía y las autoridades territoriales para responder a las acciones de los grupos armados.
Uno de los ejes definidos durante la reunión será el fortalecimiento de la seguridad del poliducto y el combate al hurto de hidrocarburos mediante el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública a lo largo del corredor que comunica ambos departamentos.
Mora anunció además la creación de una Fuerza Conjunta Urano, destinada a reforzar las operaciones de seguridad sobre el corredor del oleoducto, desde el Cesar hasta el Catatumbo.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, señaló que las medidas hacen parte de la respuesta del Gobierno a los hechos violentos registrados recientemente y buscan concentrar las capacidades institucionales en los puntos donde existe mayor riesgo.
“Resaltamos los resultados alcanzados en materia de incautación de combustible y el objetivo es profundizar aún más las acciones contra las organizaciones criminales que utilizan el hurto de hidrocarburos para financiar actividades ilícitas”, dijo Lara Restrepo.
El jefe de la cartera política anunció también que se trabajará en un estatuto antiterrorista y que serán fortalecidos los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para financiar proyectos prioritarios de seguridad.
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Entre las necesidades planteadas durante la reunión está la construcción de un Centro de Operaciones de la Policía Nacional, con las diferentes especialidades y capacidad de cobertura para la provincia de Ocaña y los municipios vecinos.
Operación Esparta se reorganizará
El Ministerio de Defensa anunció además el fortalecimiento de las operaciones contra el Eln en Ocaña y el Catatumbo.
La campaña militar y policial Esparta será reestructurada, reorganizada y activada nuevamente con sede en Ocaña, con el propósito de reforzar las operaciones contra las estructuras armadas que tienen presencia en esta zona.
La estrategia contempla mejorar el control de los corredores utilizados por los grupos ilegales para movilizar integrantes, armas, explosivos, precursores químicos y sustancias ilícitas, además de integrar las capacidades de inteligencia y fortalecer la coordinación con las autoridades judiciales.
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También se mantienen las recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del Eln que delinquen en el Catatumbo.
Ocaña pide tratamiento especial
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, como anfitrión del encuentro de seguridad, asumió la vocería de los mandatarios de la subregión del Catatumbo, afectada durante los últimos días por varios hechos violentos.
Una de las propuestas analizadas por el Gobierno y las autoridades territoriales fue fortalecer la coordinación entre el Ejército y la Policía para enfrentar a las estructuras armadas y recuperar el control de los territorios afectados.
En materia de vigilancia, Ocaña cuenta actualmente con 130 cámaras de seguridad de alta resolución, instaladas con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio del Interior. Estos equipos permiten prevenir hechos delictivos y hacer seguimiento a los movimientos de personas vinculadas con actividades criminales.
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Otro de los puntos planteados fue la instalación de equipos especializados para la inhibición de señales y el fortalecimiento de los sistemas antidrones, debido al uso de estos dispositivos por parte de los grupos armados para atacar instalaciones de la Fuerza Pública y generar afectaciones en zonas pobladas.
Corredores bajo vigilancia
Los ataques registrados durante los últimos días llevaron a las autoridades a revisar los esquemas de seguridad de las unidades militares y policiales desplegadas en la región.
Uno de los objetivos será reforzar la vigilancia sobre los corredores viales utilizados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes, armas, precursores químicos, explosivos y sustancias ilícitas entre el sur del Cesar y el Catatumbo.
Las autoridades también plantearon mejorar el intercambio de información y las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía y los demás organismos del Estado para combatir las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes y prevenir otros delitos.
Los alcaldes solicitaron, además, revisar las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas organizadas, los grupos residuales y demás actores criminales que puedan poner en riesgo a la población civil.
En el componente judicial se acordó fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, especialmente en las investigaciones y procesos de judicialización.
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La apuesta es que la información recopilada durante las operaciones permita identificar a los responsables de los ataques y avanzar en la desarticulación de las redes de apoyo de las organizaciones criminales que operan en los corredores entre el Cesar, Ocaña y el Catatumbo.
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