Tras el reciente anuncio del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre la creación y aplicación de un nuevo protocolo para autorizar el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas ante situaciones de violencia y vandalismo se ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad estudiantil de Norte de Santander.
Lideres y representantes estudiantiles advierten que esta directriz amenaza la autonomía universitaria y abre la puerta a la represión en los campus.
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El temor a la escalada del conflicto
Para el defensor de derechos humanos y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Pablo Jesse Echavarría, la respuesta del gobierno ante los conflictos universitarios no puede ser “meter a la fuerza pública en los campus”, mencionó.
Destacó que cuerpos de la fuerza pública como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), más conocido como Esmad, suelen escalar la violencia en lugar de mediar, para ello usó como ejemplo los recientes enfrentamientos en Bogotá con estudiantes de la Universidad Distrital y Pedagógica.
El dirigente de la Aceu también recordó antecedentes históricos de incursiones violentas policiales y advirtió que la fuerza pública no sabe diferenciar entre manifestantes, profesores o trabajadores.
Según el lider, esta medida funciona como una estrategia gubernamental anticipada para reprimir los paros y marchas que se avecinan ante el recorte inmenso en el borrador del presupuesto general de la nación, el cual afirma, incumple los mínimos de crecimiento establecidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
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Afectación a la autonomía estudiantil
Por su parte, el representante estudiantil ante el consejo superior de la Universidad de Pamplona, Luis Garzón precisó que, si bien el movimiento estudiantil rechaza y repudia los hechos violentos, muchas veces protagonizados por personas con el rostro cubierto y ajenas a la academia, la alerta está en que el protocolo sea utilizado como una excusa para intervenir las instituciones sin que haya de por medio un problema real de vandalismo.
Además, indicó que la medida afecta directamente la autonomía universitaria al otorgar una potestad de intervención que no contaba con este tipo de protocolos y que seguramente enfrentará demandas legales.
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Asimismo, manifestó que en la región los debates se han llevado a flote durante los últimos años a través de las ideas, el rostro descubierto y el diálogo con la comunidad, logrando que los casos aislados sean judicializados individualmente sin la necesidad de incursiones desmedidas.
La Opinión se contactó con el representante esudiantil ante el consejo superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). Sin embargo se abstuvo de emitir opiniones tras haber recibido amenazas directas por pronunciarse públicamente sobre estos temas.
Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante periodismo.
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