Hace unos días, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció que en menos de dos meses se implementaría una estrategia para erradicar y sustituir los cultivos ilícitos, y que arribarían 800 hombres para reforzar la seguridad en Norte de Santander.

Pese a que Cristo dijo que habría tranquilidad para los nortesantandereanos, para algunos alcaldes de la zona del Catatumbo la decisión es respetable pero inquietante.

Basta con decir que la mayoría de ellos, consultados por La Opinión prefirieron mantenerse al margen de emitir cualquier concepto, pero sí se mostraron inconformes porque estas decisiones surgieron de un Consejo de Seguridad que no los tuvo en cuenta.

El único que se animó a pronunciarse fue Eliud Camargo, alcalde de Teorama, quien dijo que si bien no le preocupa la presencia de nuevos soldados que solo cumplen su deber -más tratándose de una orden ministerial-, sí le alarma el tema de la erradicación.

La razón es que, según la experiencia previa con estas decisiones, podría avecinarse un nuevo paro campesino dado que los labriegos de la región “están urgidos de mas inversión y verdaderos programas que les permitan subsisitir en el medio”.

Según Camargo, la situación para los alcaldes es tensa, en vista de que son el primer eslabón de la cadena de representatividad del gobierno, quienes reciben las quejas de la comunidad y los únicos que deben sortear situaciones como el paro de 2013 que, de algún modo, se originó con la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Al respecto, el alcalde dijo que no es un secreto que el Catatumbo es una vasta zona de estos cultivos y que solo espera que la erradicación no acarree enfrentamientos.

“Si la sustitución la hicieran los campesinos, lo único que esperamos es que por proteger su integridad, y la única alternativa que tienen para subsistir, no haya confrontaciones, pero sobre todo que se dé inversión inmediata que los beneficie”, declaró.

Por su parte, el diputado Jaime Castilla, dijo que se alegra por las decisiones del gobierno nacional, pero insistió en que más que incorporar más fuerza pública para confrontarse en una zona compleja, podría recrudecerse la crisis.

“Es poner en punto de cañón a esos hombres, que son la fuerza pública”, dijo. “Desde cualquier cerro un francotirador mata policías y soldados”.

Según Castilla, la erradicación manual es positiva pero debe concertarse en la región, para generar empleo a quienes hoy conforman el gremio cocalero.

“Esos millones que se van a gastar en esos hombres y los costos logísticos, mejor invertirlos en la región más olvidada del departamento”, puntualizó.

El gobernador se pronuncia

Con respecto a la decisión del gobierno nacional, el gobernador Édgar Díaz afirmó que la respeta en vista de que “el incremento de la ola terrorista amerita esa estrategia”.

Dijo además que Norte de Santander ha hecho desde siempre una apuesta por el diálogo, pero también a que se apoye más a esta región.

“Hacemos el llamado al Gobierno para que se hagan proyectos productivos reales, que logren disminuir la cantidad de hectáreas de coca del Catatumbo”, dijo.

Aunque afirmó que le inquieta el recrudecimiento de la guerra, dijo que lo mejor para evitarlo es que paren los atentados y que siga el diálogo constructivo.