Una de las conclusiones de la comisión de seguimiento y monitoreo de víctimas, que se efectúa en Ocaña, es que hay escaso presupuesto en las alcaldías para atender esta población.

En Norte de Santander existen más de 229.000 víctimas y los programas sociales se quedan cortos ante el problema, según se aseguró en el encuentro liderado por la Defensoría Delegada para la Orientación a las Víctimas.

Jorge Solano, representante de las víctimas en Ocaña, criticó que la ley transicional lleve tres de siete años de cumplimiento, pero “ni el cinco por ciento de las víctimas han sido reparadas”.

Por su parte, Edinson Delgado Pérez, delegado de la mesa de víctimas, manifestó que los mandatarios locales desconocen lo que pasa en sus territorios. “Delegan funcionarios y cada año los cambian, desconociendo la normatividad”, dijo.

Agregó que los retornos a municipios como Teorama no son fáciles porque allí se presentó un proyecto de vivienda para 25 familias “y el gobernador salió con tres millones de pesos. Es irrisorio; no hay ningún componente que satisfaga la necesidad de las víctimas”.

La Gobernación se defiende

Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, manifestó que “es la Unidad de Víctimas la que tiene la responsabilidad de la reparación, colectiva e individual en cualquiera de los hechos víctimizantes”.

Dijo además que la labor de la dependencia que dirige es acompañar a las víctimas en el proceso de reparación por medio de escenarios de participación.

Igualmente pidió a quienes aún no están inscritos en los registros de víctimas que lo hagan, para poder brindarles atención.

Por su parte, el delegado de la Defensoría, Juan Manuel Osorio, pidió mayor compromiso de las administraciones municipales para que se coordinen las políticas públicas de las víctimas.

“Existe la institucionalidad de las víctimas en las mesas municipales, y debe haber una interlocución permanente entre las autoridades y ellos para que se tenga una participación efectiva en todos los espacios”, dijo.

Hoy culminará el encuentro con la firma de compromisos entre las autoridades locales y los delegados del orden nacional.