En los últimos años, la preocupación por los efectos que las redes sociales pueden tener sobre niños y adolescentes dejó de ser un tema exclusivo de las familias para convertirse en una discusión de política pública. El aumento de casos de ciberacoso, explotación sexual, exposición a contenidos violentos y sexualizados, así como las crecientes alertas sobre el impacto en la salud mental, llevaron a varios países a plantear restricciones para el acceso de menores de edad a estas plataformas y a exigir mayores responsabilidades a las empresas tecnológicas. 

Australia fue uno de los primeros países en aprobar una ley que fija los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales, mientras que, recientemente, Francia aprobó una ley histórica que prohíbe el uso de este tipo de aplicaciones a menores de 15 años, convirtiéndose en el primer territorio de la Unión Europea en tomar esta medida. A ellos se suman España, Portugal, Indonesia y Malasia con medidas similares.

Y en esa lista quiere estar Colombia, luego de que hace unos días se presentara un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años, bajo el argumento de protegerlos frente a los riesgos del entorno digital.

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Sin embargo, el debate ha trascendido la discusión legislativa, ya que, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Asociación Americana de Psicología (APA), coinciden en un punto esencial: internet ofrece enormes oportunidades para aprender, comunicarse y participar, pero esos beneficios conviven con riesgos que exigen nuevas formas de protección.

La OMS ha advertido que la exposición a contenidos nocivos, el ciberacoso, la violencia digital, la explotación sexual en línea y la desinformación representan desafíos crecientes para la infancia. No obstante, el organismo evita reducir el problema a una simple prohibición y propone avanzar hacia entornos digitales más seguros, donde las plataformas asuman una mayor responsabilidad sobre el diseño de sus servicios.

Mientras que, Unicef mantiene una postura similar. La agencia de Naciones Unidas sostiene que internet también constituye un espacio para ejercer derechos como la educación, el acceso a la información y la participación. Por ello, considera que las respuestas deben combinar alfabetización digital, acompañamiento familiar, protección de datos y obligaciones claras para las empresas tecnológicas.

La Asociación Americana de Psicología, por su parte, insiste en que las redes sociales no son inherentemente buenas ni malas, sino que, sus efectos dependen de factores como la edad, el tipo de contenido consumido, el contexto familiar y el diseño de las aplicaciones.

El papel de los algoritmos

Uno de los aspectos que más ha transformado el debate internacional es el funcionamiento de los algoritmos de recomendación.

Cada interacción —un "me gusta", un comentario, una búsqueda o el tiempo dedicado a ver un video— proporciona información que las plataformas utilizan para personalizar el contenido que recibe cada usuario. El objetivo es mantener su atención durante más tiempo, pero distintos estudios advierten que ese mismo sistema puede amplificar la exposición a contenidos potencialmente dañinos.

Una de las investigaciones más recientes fue realizada por 5Rights Foundation, Revealing Reality y un grupo de profesionales de la salud. El estudio utilizó avatares diseñados para reproducir el comportamiento digital de adolescentes y evaluó la experiencia de navegación en TikTok, Instagram y X.

Los resultados mostraron que, tras apenas 60 minutos de uso acumulado durante 12 días, los perfiles fueron dirigidos hacia publicaciones relacionadas con depresión, suicidio, ejecuciones gráficas y contenido sexualizado. En algunos casos, la exposición ocurrió en menos de 15 o 40 minutos, después de realizar búsquedas comunes o de interactuar con un reducido número de publicaciones sobre tristeza o bienestar.

La investigación también encontró que los algoritmos tendían a intensificar el contenido mostrado a medida que aumentaba la interacción. Además, evidenció que las plataformas permitieron el acceso de los avatares únicamente con una fecha de nacimiento falsa, pese a que afirman contar con mecanismos para proteger a los menores de edad.

En 2024, una investigación de la Universidad de los Andes, TIGO y Aulas en Paz realizada a más de cinco mil niñas, niños y adolescentes en Colombia reveló que, el 20% reportó haber visto formas de hacerse daño o herirse a sí mismo, el 17% formas de quitarse la vida, el 23% información sobre cómo estar muy delgado, el 16,9% mensajes de odio contra ciertos grupos. Además, el 17% vio experiencias de consumir drogas y el 32% imágenes violentas sobre cómo lastimar a otros.

Para los investigadores, estos hallazgos reflejan que los sistemas de recomendación siguen priorizando la permanencia y la interacción de los usuarios por encima de su seguridad. Aunque el estudio se realizó en México, los autores advierten que las plataformas operan con modelos similares en América Latina, por lo que niñas, niños y adolescentes en Colombia podrían enfrentar riesgos comparables.

La generación que nació conectada

Para millones de niños y adolescentes colombianos, el teléfono celular, las redes sociales y las plataformas digitales no representan una innovación tecnológica. Son, simplemente, parte de su cotidianidad.

A diferencia de las generaciones que crecieron viendo cómo aparecían los computadores personales, el internet o los primeros teléfonos móviles, quienes hoy tienen menos de 18 años nacieron en un entorno completamente digital. Aprendieron a comunicarse mediante aplicaciones de mensajería, encontraron información a través de buscadores, consumieron entretenimiento en plataformas de video y comenzaron a relacionarse con otras personas en redes sociales desde edades cada vez más tempranas.

Y es que, en Colombia, el acceso a dispositivos móviles y redes sociales comienza cada vez a edades más tempranas. De acuerdo con el Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación Parental y Apropiación, elaborado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el 61 % de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años cuenta con un teléfono inteligente de uso personal, una proporción que aumenta conforme avanza la edad. Mientras el 35 % de los menores entre 6 y 9 años dispone de un smartphone propio, la cifra sube al 55 % entre los 10 y los 13 años y alcanza el 81 % entre los adolescentes de 14 a 17 años.

Ese acceso también se refleja en la presencia de los menores en las redes sociales. El estudio encontró que cuatro de cada diez tienen al menos una cuenta activa. La participación es reducida en la infancia temprana (9 % entre los 6 y 9 años), pero aumenta al 33 % entre los 10 y los 13 años y llega al 77 % en la adolescencia. Además, el 83 % de quienes usan redes sociales lo hacen desde una cuenta personal, porcentaje que asciende al 92 % entre los adolescentes.

Las preferencias también cambian con la edad, aunque TikTok se consolida como una de las plataformas con mayor presencia entre los usuarios más jóvenes. El informe identifica, además, que el 40 % de los menores que utilizan redes sociales comparte contenido con cierta regularidad, lo que evidencia que no solo consumen información, sino que también participan activamente en la producción y difusión de publicaciones.

Más que un fenómeno excepcional, queda en evidencias que las redes sociales hacen parte de la vida cotidiana de la mayoría de los adolescentes colombianos. Eso significa que cualquier regulación deberá enfrentar un desafío adicional: ¿cómo hacer efectiva una eventual prohibición cuando millones de menores ya utilizan estas plataformas de manera habitual?

Esa pregunta no es exclusiva de Colombia. Es, precisamente, el mismo interrogante que han intentado responder varios países durante los últimos años. 

Colombia comenzó a regular el entorno digital

Mientras el Congreso debate si debe prohibirse el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, el Gobierno nacional ya había dado un primer paso para enfrentar los riesgos del entorno digital.

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En julio de 2026 expidió el Decreto 0769, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece medidas para promover entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes. A diferencia de otros países, la norma no restringe el acceso a las plataformas, sino que apuesta por la prevención, la educación digital y la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas.

Durante su presentación, la ministra TIC, Carina Murcia Yela, aseguró que el objetivo es garantizar que los menores aprovechen las oportunidades de la tecnología sin poner en riesgo sus derechos.

El decreto reconoce amenazas como el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la vulneración de la privacidad y la circulación de contenidos inapropiados. Frente a estos riesgos, plantea fortalecer la alfabetización mediática, promover hábitos seguros de navegación, incorporar el principio de privacidad desde el diseño, mejorar los canales de denuncia y brindar herramientas para orientar a padres, docentes y cuidadores.

Uno de sus principales cambios es que la protección de los menores deja de recaer únicamente en las familias. Bajo el principio de corresponsabilidad, el Estado, los colegios y las plataformas digitales también deberán asumir obligaciones concretas. Entre ellas, las instituciones educativas deberán incluir la prevención de riesgos digitales en sus Proyectos Educativos Institucionales y Manuales de Convivencia, mientras que las empresas tecnológicas tendrán que gestionar los riesgos de sus servicios y reportar sus avances al Ministerio TIC.

La norma también ordena la formulación de una Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros, la creación de un repositorio gratuito de recursos pedagógicos y un sistema de monitoreo que articulará a entidades como el Ministerio de Educación, el ICBF y la Fiscalía para fortalecer la prevención y atención de las violencias digitales.

Además, establece que las medidas se implementarán de forma gradual y que no podrán traducirse en censura previa, vigilancia masiva de las comunicaciones ni afectar los sistemas de cifrado.

La apuesta del Congreso

El Proyecto de Ley Estatutaria 054 de 2026 Senado, radicado por el senador Enrique Cabrales, junto con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y otros congresistas, con el propósito de prohibir el acceso y uso de redes sociales por parte de los menores de 16 años; parte de la premisa de que los riesgos asociados al entorno digital exigen medidas más contundentes para proteger a niños, niñas y adolescentes.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca reducir la exposición de los menores a fenómenos como el ciberacoso, la explotación sexual en línea, la violencia digital, la desinformación y los contenidos que puedan afectar su salud mental y desarrollo integral. Para sustentar la propuesta, sus autores citan investigaciones nacionales e internacionales que relacionan el uso intensivo de las redes sociales con mayores riesgos de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y otras afectaciones psicológicas en adolescentes.

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Estas son las claves de la iniciativa

La iniciativa establece una prohibición para que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas en redes sociales definidas como plataformas digitales cuyo propósito principal sea permitir la interacción pública entre usuarios mediante la creación, publicación o difusión de contenidos.

No obstante, excluye expresamente algunos servicios digitales cuya finalidad principal no corresponde a una red social, como aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, plataformas educativas, servicios gubernamentales y herramientas de salud digital, siempre que no tengan como función predominante la interacción social pública.

Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en trasladar la responsabilidad a las empresas tecnológicas.

Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de edad antes de permitir la apertura o permanencia de una cuenta, así como adoptar medidas que impidan el acceso de menores de 16 años cuando no cumplan los requisitos establecidos por la ley.

La propuesta también faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

En caso de incumplimiento, las plataformas podrían enfrentar sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de otras medidas administrativas previstas por la legislación colombiana.

Cambios legales

Para hacer efectiva la regulación, el proyecto plantea modificar disposiciones de la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de datos personales, y del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), con el fin de incorporar expresamente la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos derivados del uso de redes sociales.

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Asimismo, ordena al Gobierno nacional reglamentar posteriormente los mecanismos técnicos de verificación de edad y definir los estándares que deberán cumplir las plataformas para impedir el acceso de menores.

Las voces del debate 

Estudiantes de bachillerato en Cúcuta y Villa del Rosario coinciden en que no se debería prohibir su uso pues esto podría limitar su aprendizaje, sus formas de entretenerse y comunicarse y también generarles dificultades al momento de acceder a la información y querer aprender nuevas habilidades en línea.

Los menores de edad están de acuerdo en que una solución más efectiva debería ser la enseñanza sobre los riesgos digitales, incrementar los controles a las aplicaciones y que los padres en algunos casos supervisen el uso de las redes y fortalezcan la crianza de sus hijos.

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto proviene de organizaciones que trabajan en la prevención de los riesgos digitales.

Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro Viguías de Red PaPaz, considera que la iniciativa tendría un impacto limitado porque concentra la discusión únicamente en las redes sociales y deja por fuera otros espacios donde también existen riesgos para los menores, como los videojuegos en línea y las plataformas de contenido para adultos.

"Esta ley pondría más responsabilidad a las redes sociales que, por ejemplo, a las plataformas de contenido pornográfico que no deberían ser de acceso a menores".

El experto recuerda que este tipo de restricciones sigue siendo objeto de debate a nivel internacional y que, hasta ahora, no existe evidencia concluyente de que una prohibición por sí sola mejore el bienestar de los adolescentes. En su opinión, el esfuerzo debería dirigirse a exigir plataformas más seguras y con mayor responsabilidad frente a los contenidos que ofrecen.

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"Una prohibición total termina eximiendo a las empresas de crear productos responsables. Lo que necesitamos son regulaciones más claras para las plataformas, sin eliminar completamente el acceso".

El reto de hacer cumplir la ley

Más allá de la discusión jurídica, César Antonio Villamizar, líder nacional de la Especialización en Seguridad Informática de la UNAD, advierte que el mayor desafío será hacer efectiva una eventual prohibición.

Explica que un menor podría crear una cuenta con una fecha de nacimiento falsa, utilizar el perfil de un adulto o recurrir a herramientas como las VPN para evadir los controles. Por ello, considera indispensable implementar mecanismos de verificación de edad que sean efectivos sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Además, recuerda que las redes sociales representan solo una parte del problema, ya que los delincuentes también operan a través de aplicaciones de mensajería, videojuegos, correos electrónicos e incluso herramientas de inteligencia artificial.

"Una buena regulación debe protegerlos sin desconectarlos completamente. Los jóvenes no deben ser alejados de la tecnología, sino preparados para comprenderla y utilizarla de manera responsable".

La escuela y las familias

Desde el ámbito educativo también hay consenso en que la protección de los menores no depende exclusivamente de una prohibición.

Oscar Aldana, rector del colegio Julio Pérez Ferrero, considera que cualquier regulación debe complementarse con espacios que fortalezcan la convivencia presencial mediante actividades deportivas, culturales y artísticas.

Por su parte, Yurgen Andrés Cuevas sostiene que el mayor reto es fortalecer la alianza entre la escuela y las familias para formar a niños y adolescentes en el uso responsable de las tecnologías.

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José Vicente Prada añade que una estrategia efectiva debería apoyarse en cuatro pilares: educación en ciudadanía digital desde los primeros años escolares, formación permanente para padres y cuidadores, regulación de las plataformas y acompañamiento de docentes y orientadores para identificar riesgos y promover hábitos saludables.

Una postura similar comparte Fabiola Galeano Leal, quien considera que el énfasis debe ponerse en la supervisión y el uso responsable de las redes sociales, más que en una prohibición absoluta.

Los efectos en la salud mental

Desde la psicología clínica, Laura María Ramírez explica que restringir el acceso a las redes sociales durante la adolescencia puede disminuir la exposición al ciberacoso y a contenidos inapropiados, pero también generar sentimientos de exclusión, frustración o ansiedad en jóvenes que encuentran en estos espacios un lugar para expresarse y relacionarse.

“En algunos casos también puede presentarse ansiedad o depresión porque para algunos jóvenes las redes representan un espacio de creatividad, apoyo y expresión, en especial para aquellos que no tienen más hábitos u otro tipo de apoyo”, afirmó.

Por ello, considera que cualquier restricción debe ir acompañada de diálogo entre padres e hijos y de procesos de educación emocional y alfabetización digital que permitan comprender los riesgos y aprovechar de manera segura las oportunidades que ofrece internet.

El debate también deja una conclusión compartida por organismos internacionales y buena parte de los expertos consultados: proteger a los menores no depende únicamente de establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales. También exige fortalecer la educación digital, promover el pensamiento crítico, acompañar a las familias, exigir plataformas más seguras y garantizar que los derechos de niños y adolescentes sean el eje de cualquier regulación.

Porque, al final, la pregunta ya no es si las redes sociales hacen parte de la vida de las nuevas generaciones. Eso es una realidad. El verdadero desafío consiste en decidir cómo acompañarlas para que puedan desenvolverse en el entorno digital con mayor seguridad, sin renunciar a las oportunidades que también ofrece la tecnología.

Redacción: Deicy Sifontes – Juan Marco Rivas

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