Las víctimas de la guerra aseguraron ayer que no encuentran una mano amiga en la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de sus derechos.

“Ocurre todo lo contrario, o peor aún”, dijo Jackeline Serrano Torres, a quien le fue asesinado su esposo en su casa en el año 2000.

Ella aseguró que fue víctima de la propia entidad que se supone los debe defender. “Un exfuncionario, de nombre Wilson Smith, me exigió plata porque de esta manera se agilizaba el trámite de la reparación, algo que no ocurrió nunca”, dijo.

Del hecho puso denuncio penal ante Fiscalía y queja ante la Procuraduría.

Para exigir la reparación interpuso una tutela que le ordenó a la Unidad de Víctima cumplir con la reparación, hecho que tampoco prosperó. “Me dicen que debo esperar”.

Rosaura Yáñez Ibarra, otra víctima, aseguró que pistoleros le asesinaron a su hijo hace 18 años, desde entonces ha rogado para que se le reconozca la reparación.

El año pasado la Unidad de Víctimas le envió a su casa una carta en la que le aseguraba que podía pasar por la carta cheque a partir del 14 de noviembre, sin embargo, “se va a completar un año y cada vez que voy me dicen que debo esperar, que no hay plata”.

De este caso, también una tutela le ordenó a la entidad cumplir con los derechos de Yáñez, quien vive en el barrio Santander.

Leydi Diana Quintero Lázaro, de 26 años, es desplazada de La Gabarra, llegó a Cúcuta huyendo de la guerra con su familia y asegura que no ha sido tenida en cuenta por la Unidad de Víctimas, ni siquiera para que le den la ayuda humanitaria. “Esta entidad no le da la mano a nadie”, dijo.

Puso una tutela, la ganó, pero no le cumplen. Puso un desacato, el cual ordenó su inmediata reparación, pero las directivas territoriales de la oficina de Víctimas tampoco cumplen con su ayuda.

Evangelina Lázaro, de 68 años, también desplazada de La Gabarra, le solicitó ayuda el pasado 19 de mayo a la Unidad de Víctima, pero a la fecha no ha recibido una respuesta.

La mujer está enferma y prácticamente abandonada a su suerte en casa de una amiga que le tendió la mano, en el barrio Palmeras.

El caso más insólito de toda la desatención que se produce con las víctimas de la guerra en Cúcuta, le sucedió a Orfelina Escalante, una mujer a la que pistoleros desconocidos le asesinaron a su esposo. Lleva cuatro años intentando que la Unidad de Víctimas le reconozca la reparación. El 28 de mayo, tras haber obligado con tutela e incidente de desacato, la entidad le informó que a partir del 12 de junio podía pasar por la indemnización.

“En esa fecha ni hasta ahora me han dado nada”, aseguró.

Pero tamaña sorpresa se llevó Orfelina cuando un familiar suyo averiguó en la oficina de Bogotá por su carta cheque y la de su hija y le dijeron que ambas habían sido remitidas a Cúcuta para ser entregadas el 12 de junio y que como nadie las reclamó fueron devueltas por las directivas de la regional Norte de Santander.

“Es la injusticia más grande que se comete conmigo, porque yo prácticamente dormía en la sede de Víctimas, todos los días iba a preguntar por mi indemnización y siempre me decían que no había llegado nada”, relató la mujer.

La encargada de entregar las cartas cheque en Cúcuta es la funcionaria Isaura Marín, que ayer se negó a hablar con La Opinión cuando se acudió por una explicación a la Unidad de Víctimas. El mensaje que envió con el celador de la entidad fue que la única encargada de dar declaraciones era la directora Carmen Eugenia Echavez, pero ella está de vacaciones.