Las víctimas del conflicto armado esperan una respuesta del Gobierno nacional sobre los proyectos financiados que registran pocos avances y que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la subregión del Catatumbo.
Los voceros reclaman la reparación integral para materializar las iniciativas enfocadas en atender sus principales necesidades, producto de los diálogos y las concertaciones con las propias comunidades, pero que hasta la fecha no se han concretado.
La deuda social abarca soluciones habitacionales, programas agropecuarios, infraestructura vial y adquisición de parcelas para adelantar planes alternativos encaminados al retorno a lugares seguros.
Censuran la lentitud en los trámites del Subsidio Integral Directo de la Reforma Agraria (Sidra), cuya ejecución compete a la Agencia Nacional de Tierras.
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Aunque se prometieron programas alternativos, la mayoría de los beneficiarios no han podido materializar las ayudas debido a las exigencias para avalar los predios postulados, destinados al desarrollo de proyectos productivos y al mejoramiento de las condiciones de vida de los labriegos de la región.
El líder social del corregimiento de Pueblo Nuevo, Alirio Plata Quintero, aún conserva la esperanza de obtener el subsidio para las víctimas de la violencia sufrida en la provincia de Ocaña a principios del presente siglo.
«Hemos tenido muchas dificultades a raíz de las exigencias y muy pocos desplazados han podido cumplir. El programa lleva más de 12 años y creería que solo el 20 % de los 47 beneficiarios han logrado adquirir el predio», agrega el vocero comunal.
Recuerda que inicialmente se aprobó un monto de 43 millones de pesos para cada familia, cuyos recursos quedaron depositados en el banco. Sin embargo, los requisitos son engorrosos y, desde entonces, se han indexado los valores, por lo que el subsidio ha aumentado a unos 120 millones de pesos. A pesar de ello, no aparecen mecanismos para destrabar el proceso de compra de tierras aptas para desarrollar proyectos productivos.
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“Considero que es un fracaso total. Hay amigos que han muerto esperando esas ayudas del Estado y los derechos no se transfieren a los hijos si no cumplieron con los requisitos con antelación. Se requiere escritura al día, un estudio jurídico, antecedentes judiciales, luego las visitas técnicas, avalúos, certificados ambientales y de uso del suelo, y la mayoría no pasa los rigurosos filtros”, recalcó Plata.
Añadió que las resoluciones fueron expedidas hace rato, asegurando los subsidios, pero se ha dilatado una solución. Si a uno le regalan un subsidio, no sé por qué tantos reparos”.
Los labriegos manifiestan que solo están contabilizando a los desplazados de Ocaña y que aún faltan los del vecino municipio de Ábrego, quienes viven una situación similar.
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Incertidumbre en los proyectos
En el corregimiento de Pueblo Nuevo están cobijados por ese subsidio los habitantes de las veredas La Honda, La Ceiba, Los Curitos, El Poleo, Yerbabuena y El Cauca.
La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nidia Castilla Barbosa, manifiesta que están cansados de asistir a reuniones, llenar actas y diligenciar documentos para acceder a esa reparación, sin que se concrete una solución definitiva.
“Cuando pensamos que ya está listo el traspaso de una finca, el negocio se cae debido a los trámites del Estado. Todo se encuentra estancado. Pedimos a los funcionarios del orden nacional que se pongan la mano en el corazón, pues muchos han fallecido esperando la ayuda que nunca llega a tiempo”, reiteró.
Entre mentiras y tutelas llevamos varios años las víctimas de la violencia. Ya estamos enfermos y totalmente abandonados. Ahora se cierra la vigencia 2026 y debemos esperar hasta marzo o abril del año venidero para retomar los proyectos, recalcó la vocera comunal.
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