La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja. En consecuencia, el caso seguirá en manos de la Fiscalía, donde actualmente cursa una indagación preliminar.

La corporación analizaba qué autoridad era competente para avanzar en este proceso luego de que el congresista Carlos Cuenca Chaux pidiera que la Fiscalía remitiera el expediente relacionado con el exmandatario bajo el argumento de que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial y, por tanto, correspondería a la Comisión de Acusación adelantar la investigación.

En su solicitud, Cuenca sostuvo que la investigación está relacionada con la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos vinculados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue identificado como Bloque Metro.

Inicialmente, la propia Fiscalía decidió pasar por alto la solicitud y, en consecuencia, seguir adelante con el proceso; por eso, la petición llegó a la alta corte.

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En este caso, el ente acusador alega que los hechos que dieron origen a la investigación contra Uribe no se habrían presentado durante su mandato presidencial.

Las investigaciones a las que se refiere están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra.

El expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales.

En ese contexto, su abogado defensor, Jaime Granados, elaboró un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.

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