“Actualmente, el hospital depende de la atención en otras tres sedes satélite, por las cuales se paga arriendo. Además, las demoras perjudican a los pacientes, que deben desplazarse a diferentes lugares para recibir los servicios médicos”, sostuvo.
Asimismo, Hernández manifestó que tampoco se estaría contratando suficiente personal para ejecutar los trabajos, situación que, a su juicio, estaría retrasando el avance de las obras.
Responde el hospital
Frente a este panorama, el Hospital Mental Rudesindo Soto aseguró que las obras de demolición y construcción correspondientes a la segunda fase comenzaron el 21 de enero de este año y que, hasta la fecha, no se han presentado suspensiones de labores.
En relación con la situación denunciada, la institución informó que el contratista principal ha tenido tres subcontratistas de mano de obra, entre ellos dos personas que recibían quincenalmente los cortes de obra y que, durante los últimos cuatro meses, comenzaron a incumplir los pagos a sus trabajadores.
Ante esa situación, señalaron que el contratista de la obra tomó la decisión de terminar el subcontrato de mano de obra con uno de ellos.
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“La protesta del viernes 6 de noviembre se dio por el personal que un subcontratista retiró y al que no había liquidado ni cancelado los últimos 12 días. El subcontratista no contestaba ni daba respuesta a los obreros, y esto llevó a la huelga. Ese mismo día, el contratista de obra UT Mental del Norte tomó cartas en el asunto y, ante la ausencia y desaparición del señor, realizó el pago directo a sus exempleados. A la fecha, ya se cuenta con los paz y salvos de ese personal del subcontratista”, declaró el hospital.
Igualmente, la institución aclaró que con los otros subcontratistas de mano de obra no se han presentado afectaciones ni retrasos en los pagos. También precisó que desde el viernes, a la 1:00 de la tarde, los trabajos se reanudaron y se desarrollan con total normalidad.
Además, explicó que la obra registra un avance de ejecución del 25 % y un avance financiero del 20 %. El plazo contractual, aclaró, termina el 20 de enero de 2028.
“La obra es ejecutada por la UT Mental del Norte y la interventoría está a cargo de la UT Nacional de Interventorías, que realiza seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de manera continua. La supervisión administrativa sí es realizada por la ESE, que cuenta con un comité de apoyo técnico, jurídico y financiero”, concluyó la institución.
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