El gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella denunció una serie de presuntos actos de corrupción e irregularidades por recursos superiores a 370.000 millones de pesos.
Se trata de varios contratos sobre los que el gobierno entrante tiene sospechas en el Ministerio de Defensa, en la Unidad Nacional de Protección y hasta en Cenit, filial de Ecopetrol, de acuerdo con el consolidado presentado por el Empalme Anticorrupción.
El primero es para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec, en el que calculan que habría sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y fallas graves en los nuevos equipos.
"El análisis técnico advierte la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional", advierten.
Lea aquí: No se acredita amenaza grave: Congreso defendió la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali ante la justicia
También se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen.
Las presuntas irregularidades también estarían en la compañía Cenit, filial de Ecopetrol, donde denuncian que se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.
Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción y quien sería el próximo director de la Agencia Jurídica del Estado, ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
