El movimiento sindical colombiano recibió un reconocimiento histórico. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentó el Decreto 0650 del 26 de junio de 2026, una medida que busca saldar una deuda de exclusión y violencia contra los trabajadores organizados, al obligar por primera vez a todas las entidades del Gobierno a comprometer recursos y planes concretos para su reparación y protección.
"Hemos querido dejar un mensaje político claro de que hay una ruta de reparación colectiva y que es un acto de justicia reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación", afirmó Sanguino, quien añadió que esto "es una condición para garantizar verdad y justicia, pero también para que no se repita esta horrible noche para las y los trabajadores".
El decreto consolida una respuesta estatal para reparar al movimiento sindical, reconocer a las víctimas de la violencia, fortalecer el derecho a asociarse libremente y asegurar que la violencia antisindical "nunca más se repita". El Ministerio ya trabaja con las organizaciones sindicales en un plan de trabajo inmediato para garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes han entregado su vida por la defensa de los derechos laborales.
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Sanguino contextualizó la violencia contra los sindicalistas como un choque de intereses. "El movimiento sindical fue una fuerza que se decidió a construir poder obrero y popular. Esto chocó de frente con los intereses del poder establecido y del gran capital, dando origen a la violencia antisindical, la cual tiene enormes raíces políticas, y se presentó como una acción despiadada, cruel y criminal", señaló.
Registros de la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad y la Escuela Nacional Sindical (ENS), citados por la cartera laboral, revelan que entre 1971 y 2024 se cometieron más de 15.300 violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas, cobrando la vida de más de 3.200 personas, de las cuales 955 eran líderes que defendían a sus compañeros.
El 78% de los asesinatos contra sindicalistas sigue sin identificación ni castigo. Sanguino atribuyó esta cifra a la estigmatización de los dirigentes sindicales como subversivos.
"En muchas ocasiones las acciones criminales contra ellos fueron orquestadas entre políticos y paramilitares. De esta manera, ha existido una estrategia de impunidad para con los victimarios y de persecución y miedo en la población trabajadora", afirmó.
El decreto ordena reforzar de inmediato los esquemas de protección con enfoque especial en mujeres, comunidades étnicas y trabajadores de territorios más vulnerables. La medida se produce en las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro, que ha priorizado la reparación a víctimas del conflicto armado y la protección de líderes sociales como ejes centrales de su política laboral y de derechos humanos.
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