De manera sorpresiva, el presidente Abelardo De la Espriella anunció anoche que la ministra de Educación ya no será más Viviane Morales sino la abogada Ilva Myriam Hoyos.

“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, afirmó.

El jefe de Estado agregó que “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”.

Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordóñez, recién nombrado embajador de Colombia ante la OEA. Ilva era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.

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Ordóñez fue procurador general entre 2009 y 2016, tras ser reelegido para un segundo periodo en 2012. Salió del cargo el 7 de septiembre de 2016 debido a que el Consejo de Estado declaró nula su reelección.

La nueva ministra es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. También cursó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.

Fue jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión y asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación. Posteriormente, se desempeñó como directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, donde también ha ejercido como profesora e investigadora y ha dirigido las revistas Pensamiento y Cultura y Díkaion.

Posiciones polémicas

Su trayectoria también ha estado marcada por posiciones controvertidas frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La nueva integrante del gabinete “libró una batalla” contra mujeres que, durante la década pasada, defendieron el derecho al aborto en las circunstancias excepcionales permitidas por la Corte Constitucional.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió alrededor de la Clínica de la Mujer en Medellín. Hoyos cuestionó el funcionamiento del centro durante la administración del entonces alcalde Alonso Salazar, al considerar que podía incentivar la práctica del aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte.

También emprendió acciones contra la activista Mónica Roa y los magistrados del alto tribunal por actuaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

Hoyos además denunció penalmente a Mónica Roa, quien lideró desde el activismo el proceso que buscaba que la Corte Constitucional levantara la prohibición del aborto.

La denuncia estuvo relacionada con una acción de tutela presentada por Roa junto con otras 1.200 mujeres, mediante la cual cuestionaban que la Procuraduría estuviera vulnerando el derecho de las mujeres a recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Durante su paso por la Procuraduría, Hoyos también impugnó la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En una columna de opinión del 13 de julio de 2012, en la revista Semana, la periodista María Jimena Duzán mencionó que Hoyos, como procuradora delegada para la familia, se caracterizaba “por imponer su credo religioso por encima de las sentencias de la Corte Constitucional”.

Además, la señaló de extralimitarse de “sus funciones” y que “cerró la Clínica de la Mujer del entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, por considerar que eso incentivaba a las mujeres a la práctica del aborto, a sabiendas de que la ley lo permite en tres casos específicos”.

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Otro episodio que marcó su paso por el Ministerio Público tuvo como protagonistas a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas.

La funcionaria los denunció penalmente a raíz de una decisión relacionada con una mujer que había solicitado la interrupción de su embarazo bajo una de las causales permitidas por la legislación colombiana.

La mujer finalmente interrumpió su embarazo y la Corte consideró necesario adoptar medidas frente a las barreras que había encontrado para acceder al procedimiento. Entre esas decisiones estuvo la orden de investigar la actuación de las EPS involucradas y solicitar a la Procuraduría una labor pedagógica sobre las circunstancias en las que el aborto estaba permitido en Colombia.

La respuesta de Hoyos fue diferente. En lugar de limitarse a acatar esa orientación, presentó una denuncia penal contra los magistrados Sierra Porto y Vargas, cuestionando que no hubieran puesto en conocimiento de las autoridades la interrupción del embarazo realizada por la mujer.

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