Colombia suele confundir las reformas con las leyes. Cada gobierno anuncia proyectos monumentales, abre debates interminables, y termina midiendo su gestión por normas aprobadas. Mientras tanto, una transformación silenciosa empezó a cambiar la vida cotidiana sin grandes discursos ni confrontaciones ideológicas. Bre-B en siete meses, pasó de 1,5 a cerca de cinco millones de transacciones diarias. Ya registra más de 100 millones de llaves y decenas de millones de usuarios. Hoy un colombiano, usando un número de celular, puede enviar dinero en segundos, a cualquier hora, y entre entidades diferentes.
Parece una innovación financiera. En realidad, es algo más relevante: infraestructura digital de uso público. Se establecieron reglas comunes que permitieron conectar entidades financieras sin restringir la libertad de elección de los usuarios. Las experiencias de Brasil con Pix y de India con UPI muestran el potencial exponencial de esta herramienta.
Bre-B deja una lección valiosa: cuando existen estándares claros y servicios útiles, las instituciones cooperan, las empresas se adaptan, y las personas adoptan la tecnología. El éxito no provino de otra aplicación estatal, sino de un lenguaje común. El país debería aplicar esa misma lógica en cuatro frentes.
Primero, una identidad digital interoperable. Ningún ciudadano debería tener que presentar el mismo registro civil, certificado, o documento ante diferentes entidades. El Estado ya dispone de esa información, debería poder validarla de manera segura, sin convertir cada trámite en una peregrinación burocrática.
Segundo, una historia clínica interoperable. Un médico debería poder consultar, con autorización del paciente y bajo reglas estrictas de protección de datos: los diagnósticos, medicamentos, y exámenes registrados en distintas instituciones. Esto reduciría riesgos asociados a decisiones tomadas con información incompleta.
Tercero, una infraestructura social capaz de entregar subsidios directamente, con trazabilidad y en tiempo real. Menos intermediarios, menos errores, y menos corrupción. Los recursos públicos deberían encontrar al ciudadano, no al revés.
Cuarto, acceso al crédito productivo. Con consentimiento y protección de datos, los flujos de pagos de un pequeño comerciante podrían aportar evidencia de su capacidad económica. Así, más entidades competirían por financiarlo en mejores condiciones.
Esta agenda, sin embargo, exige límites claros. La digitalización no puede convertirse en vigilancia. Necesitamos ciberseguridad, auditorías independientes, y control ciudadano sobre los datos. También debemos conservar canales presenciales y asistidos para quienes carecen de conectividad o habilidades digitales. El problema de Colombia no es la falta de plataformas, sino la tendencia a construir islas tecnológicas que exigen los mismos documentos. La prioridad no es crear más portales, sino construir una arquitectura nacional de interoperabilidad con estándares comunes.
A veces las transformaciones más profundas empiezan con algo tan simple como una llave que funciona. Un Estado digital no es el que acumula más información sobre sus ciudadanos. Es el que les devuelve tiempo, reduce costos, y evita pedirles dos veces el mismo dato. Ese logro merece reconocimiento al Banco de la República.
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