El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes no deja de ser un delito para los grupos armados ilegales, cuyos cabecillas se resisten a dejar atrás esta práctica que tiene a uno de sus principales focos en Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, donde la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales ha incrementado los riesgos para la población menor de edad.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo identificó 113 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. De ellos, 25 corresponden a Norte de Santander, departamento que ocupa el segundo lugar nacional, después de Cauca, que registra 35 casos. Antioquia y Nariño aparecen posteriormente, con nueve casos cada uno.
La fotografía territorial muestra la gravedad del fenómeno en el nororiente del país: Norte de Santander concentra aproximadamente 22 % de los casos reportados a nivel nacional durante los primeros ocho meses del año, mientras que Cauca reúne cerca del 31 %. Es decir, entre ambos departamentos acumulan más de la mitad de los casos conocidos por la Defensoría en ese periodo.
Sin embargo, las cifras tienen una advertencia fundamental: no representan necesariamente la dimensión real del reclutamiento.
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La propia Defensoría ha señalado que muchos casos no llegan a conocimiento de las autoridades debido al temor de las familias, la desconfianza en las instituciones, la falta de información sobre los mecanismos de denuncia y la normalización de esta forma de violencia en territorios sometidos durante años al control de grupos armados.
En el Catatumbo, ese riesgo se encuentra directamente relacionado con la disputa por el control territorial que protagonizan el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y estructuras disidentes de las extintas Farc, particularmente el denominado Frente 33. La Defensoría ha advertido que la confrontación y el control ejercido por estos actores continúan generando afectaciones sobre la población civil, entre ellas el reclutamiento y utilización de menores de edad, de hecho, el órgano de control confirmó que, en esta región, se ha incrementado el fenómeno en el presente año.
Un fenómeno que no da tregua
La dimensión nacional también permite observar la persistencia del problema.
Según los registros suministrados por la Defensoría, durante 2024 fueron reportados 686 casos de reclutamiento de menores, mientras que en 2025 se registraron 435. Para 2026, hasta el 31 de agosto, son 113 los casos conocidos por la entidad.
La comparación, sin embargo, no puede leerse como una reducción automática del reclutamiento. La Defensoría ha advertido expresamente que una disminución de los casos conocidos puede significar, precisamente, un incremento del subregistro. Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, la entidad había conocido 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
La diferencia entre lo que ocurre en el territorio y lo que llega a los sistemas oficiales puede ser especialmente profunda en zonas rurales y de difícil acceso, donde las familias permanecen bajo presión de los grupos armados y denunciar puede representar un riesgo adicional.
Catatumbo, una zona de especial preocupación
En Norte de Santander, el problema se inserta en una crisis humanitaria de mayores proporciones. La Defensoría ha documentado que, desde la escalada de violencia registrada en enero de 2025, más de 100.000 personas han sido desplazadas en el Catatumbo y que el control territorial de los grupos armados continúa afectando la movilidad, la seguridad y el acceso a derechos básicos.
En materia de niñez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó la desvinculación de 49 menores de edad entre enero y noviembre de 2025 en distintos municipios de la subregión, una cifra que evidencia apenas una parte del problema, pues no incluye necesariamente a todos los menores que permanecen en poder de los grupos armados ni aquellos casos que nunca llegan a las autoridades.
El desafío para el Estado, por tanto, no se limita a rescatar a los menores que logran escapar o que son identificados por las autoridades. También implica impedir que sean captados, fortalecer los entornos familiares, escolares y comunitarios, garantizar rutas de denuncia seguras y recuperar la presencia institucional en los territorios donde los grupos armados ejercen control.
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En el Catatumbo, donde la guerra ha convertido buena parte del territorio en escenario de disputa entre estructuras ilegales, la niñez enfrenta una amenaza que no siempre aparece en las estadísticas: el riesgo de que un niño o una niña desaparezca de su escuela, de su familia y de su comunidad para terminar convertido en instrumento de la guerra.
La pieza queda planteada con un enfoque de paz y derechos humanos, evitando presentar la caída de los registros como una mejora real. La propia Defensoría sostiene que el subregistro es un elemento central para interpretar las cifras.
Las disidencias y el Eln, entre los principales responsables
Los registros de la Defensoría señalan al Estado Mayor Central (EMC) como la estructura que concentra el mayor porcentaje de los casos conocidos durante 2026, con 26,5 %.
Le sigue el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con 21,2 %, mientras que el Eln aparece con 20,4 % de las denuncias.
El comportamiento también muestra una continuidad frente a años anteriores. En 2025, el EMC fue identificado como el principal presunto responsable, al concentrar el 42,7 % de los casos registrados por la Defensoría. En 2024, esta estructura también ocupó el primer lugar, con alrededor del 40 % de los casos atribuidos a grupos armados.
En el caso del Catatumbo, la preocupación adquiere una dimensión particular por la presencia y disputa territorial del Eln y el Frente 33. La Defensoría ha documentado que la confrontación iniciada con mayor intensidad en enero de 2025 provocó una crisis humanitaria que incluyó desplazamientos masivos, confinamiento, homicidios y afectaciones específicas contra niños, niñas y adolescentes.
Niños, niñas e indígenas, entre las principales víctimas
De los 113 casos conocidos por la Defensoría hasta agosto de 2026, 58 % corresponde a niños y adolescentes hombres y 42 % a niñas y adolescentes mujeres.
La pertenencia étnica también revela una afectación diferenciada. El 24 % de los casos corresponde a menores pertenecientes a comunidades indígenas, mientras que el 9 % corresponde a población afrocolombiana. El 67 % restante no se reconoce como perteneciente a un grupo étnico.
El patrón ya había sido evidente en años anteriores. En 2024, el 44 % de los casos registrados correspondió a menores indígenas y en 2025 esa proporción ascendió al 50 %.
La Defensoría ha advertido que las comunidades indígenas enfrentan riesgos particulares debido a la presencia de actores armados en sus territorios, las condiciones de aislamiento geográfico y las dificultades para garantizar entornos protectores para la niñez.
La advertencia de Iris Marín
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha insistido en que el descenso de los registros no debe confundirse con una reducción de la práctica.
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“Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro”, advirtió Marín, al explicar que el fenómeno está asociado, entre otras razones, al temor, la naturalización de la violencia y la falta de información sobre las rutas institucionales de atención.
La funcionaria también ha llamado la atención sobre una situación particularmente grave: algunos menores aparecen en los registros oficiales solamente después de haber muerto.
Es el caso de adolescentes que fallecen durante enfrentamientos entre grupos armados o en operaciones de la Fuerza Pública, sin que previamente hubieran sido identificados como víctimas de reclutamiento.
Tras una operación militar realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, en la que murieron tres menores de edad, la Defensoría reiteró que entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026 había conocido información sobre 73 niñas, niños y adolescentes que habrían muerto como consecuencia de operativos militares. De acuerdo con la entidad, 31 de esos casos ocurrieron durante 2025.
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