Suscríbete
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Columnistas
Los capataces de la viña
El problema aparece cuando algunos servidores públicos convierten esa responsabilidad en una oportunidad para el beneficio particular. No todos, por supuesto.
Authored by
Jueves, 8 de Octubre de 2026

En la misa de este domingo la lectura del Evangelio, Mateo 21, 33-43, me dejo pensativo y consciente que mientras unos trabajan y pagan sus impuestos, otros se hacen elegir para robárselos sin piedad, y es que tiene una fuerza particular cuando se lee desde la realidad colombiana. Jesús habla de un propietario que planta una viña, la entrega a unos labradores y espera, llegado el tiempo, recibir sus frutos. Pero los encargados de cuidarla deciden hacer algo diferente: golpean a los enviados, los expulsan y hasta matan al hijo del propietario para quedarse con la herencia. La pregunta entonces deja de ser solamente religiosa. ¿Qué ocurre cuando quienes reciben la responsabilidad de administrar la viña olvidan que no es de ellos? Colombia también tiene una viña. Son nuestra tierra, nuestros impuestos, nuestros recursos públicos, nuestras instituciones y, sobre todo, la confianza de millones de ciudadanos que cada elección entregan a otros la responsabilidad de administrar lo que pertenece a todos. (Como lo decía Garzón, elegimos el capataz de la finca)

El problema aparece cuando algunos servidores públicos convierten esa responsabilidad en una oportunidad para el beneficio particular. No todos, por supuesto. Pero los casos de corrupción que han terminado en los tribunales muestran que el fenómeno no puede reducirse a unas pocas manzanas podridas. Samuel Moreno terminó condenado por hechos relacionados con el llamado “carrusel de la contratación”. La Corte Suprema ratificó su responsabilidad por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y fijó una de sus condenas en 11 años y 10 meses. Su hermano Iván Moreno también ha recibido condenas por hechos relacionados con ese entramado de contratación, el “Zar de la corrupción” Emilio Tapia una y otra vez ya se sabe el camino de memoria.

En 2024, la Corte Suprema condenó al exsenador Musa Besaile a 81 meses y 20 días de prisión por cohecho y peculado, además de ordenar el pago de $1.545 millones al departamento de Córdoba por daños y perjuicios. Más recientemente, el caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, vuelve a poner la corrupción en el centro de la discusión. Ortiz está siendo procesada por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, habría actuado como intermediaria en la entrega de presuntos sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Viciando la Ley 2381 de 2024 de corrupción haciéndola inviable, fue “comprada”.

Incluso en 2026 la justicia volvió sobre el viejo carrusel de Bogotá: la Corte condenó al excongresista Germán Olano a tres años y cuatro meses por interés indebido en la celebración de contratos, procesos que duran décadas mientras ellos viven felices.

Y aparecen nombres que se convirtieron en símbolos de una época: los Nule, Emilio Tapia y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. No todos fueron funcionarios públicos ni todos los casos corresponden al mismo expediente, pero juntos recuerdan algo elemental: la corrupción pública requiere, muchas veces, de una relación entre quienes administran el Estado y quienes buscan beneficiarse de él.

Medellín tampoco es ajena a esta discusión. Actualmente existen investigaciones que involucran a Miguel Quintero, y Daniel “Alibaba” Quintero, relacionadas con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. La Fiscalía solicitó su imputación y ayer le dieron mansión por cárcel. Son asuntos que deberán resolverse en los escenarios judiciales correspondientes y frente a los cuales debe respetarse la presunción de inocencia.

Pero volvamos a la viña. Mientras algunos disputan contratos, cargos, comisiones y poder, el ciudadano común sigue esperando los frutos. Espera educación de calidad, salud oportuna, seguridad, vías, empleo y oportunidades. Los datos del DANE muestran que en 2025 la pobreza monetaria en Colombia fue del 28,0% y la pobreza monetaria extrema del 9,6%. Es cierto que ambas disminuyeron frente a 2024 y que el coeficiente de Gini también mejoró, pasando de 0,551 a 0,531. Pero detrás de cada porcentaje sigue existiendo una familia que debe decidir cómo distribuir un ingreso limitado, mientras el capataz roba por billones, “En Colombia, las denuncias y estimaciones oficiales señalan que la corrupción estatal se apropió de entre 50 billones y 80 billones de pesos al año en el gobierno del cambio. Se robaron todo”

Por eso la corrupción no es solamente un problema jurídico o contable. Cuando un peso público termina donde no debe, existe una posibilidad menos para convertirlo en alimentación, educación, infraestructura, seguridad o bienestar. No podemos afirmar que cada carencia social sea consecuencia directa de la corrupción; sería una simplificación. Pero tampoco podemos desconocer que cada recurso público desviado representa una oportunidad perdida para la sociedad.

Y el problema no es únicamente la existencia de corruptos. También está la tolerancia social, el intercambio de favores, el silencio, el “eso siempre ha sido así” y la peligrosa costumbre de admirar al que consigue enriquecerse utilizando el poder. Transparencia por Colombia reportó que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100, por debajo del promedio regional.

Entonces recuerdo nuevamente la parábola: el propietario no pidió que destruyeran la viña, ni que se quedaran con ella. Pidió frutos. Quizás ese sea precisamente el problema de nuestra política: hemos discutido demasiado sobre quién se queda con la viña y muy poco sobre cuáles son los frutos que estamos recibiendo.

El poder público no es una herencia. Un cargo de elección popular no es una propiedad privada. Un contrato estatal no es un premio. Y los recursos públicos no pertenecen a quien temporalmente los administra. La viña es de todos. La pregunta que queda hoy, entonces, no es solamente quién está gobernando, sino algo mucho más profundo: ¿cuándo vamos a exigir que quienes reciben la responsabilidad de cuidar nuestra viña dejen de pelear por la herencia y comiencen, de verdad, a entregar los frutos?


Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Temas del Día