El narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el control de los corredores fronterizos alimentan una disputa en la que las bandas locales pueden actuar al servicio de estructuras armadas de mayor alcance. Los expertos en seguridad Wilson Echeverri y Jorge Mantilla advierten que la respuesta institucional necesita cambios de fondo.
La violencia que golpea a Cúcuta no se explica únicamente por el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo. La disputa armada ha extendido sus efectos hacia la capital de Norte de Santander, donde confluyen organizaciones criminales, economías ilegales y redes capaces de ejercer violencia para proteger sus negocios o desplazar a sus rivales.
El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, otros 15 homicidios en lo que va corrido del presente mes y el atentado con explosivos contra la sede de la DIAN en El Escobal, reavivaron las preguntas sobre quiénes están detrás de esta escalada y qué intereses se mueven en una región donde la frontera ofrece rutas para el comercio legal, pero también para el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.
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Para Wilson Echeverri Leguizamón, experto en seguridad, el factor que conecta buena parte de estos hechos es la disputa por el control territorial. La coca, la minería ilegal y el microtráfico representan fuentes de ingresos que las organizaciones buscan conservar o ampliar.
En ese escenario, los homicidios selectivos y el sicariato no son fenómenos independientes: pueden formar parte de las estrategias de intimidación y confrontación con las que los grupos buscan imponer sus condiciones.
Echeverri considera que las autoridades han actuado dentro de sus posibilidades, pero que sus capacidades resultan insuficientes frente a organizaciones con fortaleza económica y militar. Su planteamiento apunta a reforzar la inteligencia y transformar la operatividad policial y judicial.
El desafío no consiste solamente en capturar a quien ejecuta un asesinato, sino en identificar a quienes lo ordenan, financian y utilizan la violencia para sostener sus negocios.
Jorge Mantilla, en diálogo con medios de comunicación nacionales, amplía el análisis. A su juicio, Cúcuta forma parte de un ecosistema criminal que conecta la ciudad con el Catatumbo, la frontera venezolana y los corredores que comunican a Norte de Santander con otras regiones del país. En ese entramado, las bandas locales pueden ser contratadas, tercerizadas o articuladas con organizaciones armadas que disputan el territorio.
Esa relación dificulta establecer responsabilidades y permite que los conflictos de estructuras mayores se expresen mediante ataques cometidos por redes locales.
La geografía fronteriza también plantea un problema operativo. Mantilla señala que las trochas y los pasos informales facilitan la movilidad de los responsables de homicidios y atentados. Por eso reclama una estrategia que trascienda los anuncios públicos y los llamados de atención a los delincuentes.
La cooperación con Venezuela, el control de los corredores y la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales son componentes necesarios de una respuesta que hasta ahora no ha logrado contener la violencia.
La extorsión, el oro y las compraventas
Pero la disputa no se limita a las rutas de la droga. La extorsión y el comercio de oro también forman parte de las economías que generan recursos y disputas. Mantilla advierte, además, sobre la relación entre crimen organizado y política en la región, un asunto que exige investigaciones capaces de esclarecer las denuncias y establecer responsabilidades con pruebas.
Las acusaciones que circulan alrededor de presuntos articuladores del crimen no deben confundirse con hechos judicialmente demostrados.
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Las dos lecturas coinciden en un punto: la violencia tiene bases económicas y territoriales que no desaparecen con operativos aislados. Mientras las organizaciones conserven sus fuentes de financiación, sus redes de apoyo y la capacidad de reemplazar a los capturados, la presión policial puede producir resultados inmediatos sin desarticular el negocio criminal.
La respuesta requiere inteligencia para llegar a los mandos, investigaciones financieras para golpear los recursos ilegales, protección para testigos y denunciantes, y resultados judiciales que permitan medir avances más allá de las capturas. También exige esclarecer los hechos que involucran a personas con trayectoria pública y evitar que la falta de información alimente el temor y la desconfianza.
Cúcuta enfrenta una disputa en la que se cruzan los intereses de grupos armados, bandas delincuenciales y redes económicas ilegales. Entender quién controla las rentas, quién contrata la violencia y cómo se conectan esas estructuras es indispensable para frenar una cadena de asesinatos y atentados que amenaza con convertir el miedo en parte de la vida cotidiana, puntualizó Mantilla.
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