Trabajadores del sector transporte y expertos en movilidad, en la ciudad de Cúcuta, ofrecieron su análisis frente a la propuesta del presidente Abelardo de La Espriella de reducir en un 50 % el valor de las multas de tránsito.

Esta decisión, que comunicó el mandatario a finales del mes de agosto, forma parte del borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito que propuso y que, al día de hoy, continúa en proceso de elaboración.

Dicha iniciativa tiene como propósito disminuir los costos y trámites que enfrentan los conductores del país e incluye medidas como la reducción en el precio de los cursos, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y establecer plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.

Asimismo, entre los principales cambios de esta reforma se contempla establecer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores y reducir los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

“Tenemos una ley expedida en el año 2002 que, después de cinco reformas, sigue desconectada de la realidad del país y, sobre todo, del bolsillo de los colombianos. Llegó la hora de poner la ley al servicio de la gente”, expresó el presidente de Colombia.

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La opinión de expertos y organizaciones 

Samir Contreras, veedor ciudadano de Cúcuta, coincidió en que es necesaria una actualización al Código Nacional de Tránsito, ya que en 2026 se cumplen 24 años desde que empezó a regir la Ley 769 de 2002 y, desde entonces, se han presentado varios cambios tecnológicos, culturales y sociales.

Entre ellos, Contreras destacó la aparición de aplicaciones de movilidad, la automatización de vehículos y las nuevas políticas de seguridad vial que han surgido a nivel internacional. Por lo mismo, aseguró que esta actualización es importante porque llevaría a Colombia a estar a la vanguardia de esas nuevas normativas internacionales.

Asimismo, el veedor manifestó estar de acuerdo con que se haga una revisión a las sanciones de tránsito, ya que en otros países estas multas no superan el 50 % del salario mínimo, mientras que en Colombia alcanzan casi el 80 % del valor del salario.

Sin embargo, Contreras también considera que la disminución en su precio no ayudaría a reducir la evasión de las normas de tránsito.

“Desde 2023, cuando se empezó a reducir en un 50 % el valor del SOAT para los vehículos, no se evidenció una reducción considerable en la evasión del SOAT. Por el contrario, aun teniendo un alivio en el bolsillo, las personas continúan evadiendo la responsabilidad de adquirir un SOAT y cometiendo infracciones de tránsito”, agregó el veedor, quien precisó que se deben realizar más campañas para que los conductores respeten las normas.

Falta pedagogía

En lo mismo coincide Fabián Daza, vocero de la Asociación de Propietarios de Vehículos del Servicio de Transporte (Apvtrans), quien manifestó que, para que haya cambios en materia de movilidad y accidentalidad, es necesario que las autoridades hagan esfuerzos pedagógicos con los conductores.

Según afirmó Daza, en este aspecto también tienen parte de responsabilidad los centros de capacitación, que deben enseñar más sobre el manejo preventivo y responsable.

De igual forma, el vocero coincidió en que las multas son costosas y que estas deben ser acordes con las infracciones que se cometan.
Por su parte, Juan Carlos Bastos, presidente de la Asociación Sindical de Taxistas de Norte de Santander, dijo que, si bien esta medida aliviaría el bolsillo de los conductores al reducir el precio de las multas, también fomentaría más desorden porque los ciudadanos se confiarían en que las sanciones no valdrían lo mismo que antes.

Frente a este panorama, Bastos recomendó incrementar el costo de las multas solo para ciertas infracciones, como estar sin SOAT, incumplir decretos municipales o nacionales y usar carros y motos particulares para prestar el servicio de transporte ilegal.

“Solo las infracciones graves sí deberían duplicarlas y las otras, mantenerlas como están o bajarlas”, añadió Bastos.

Entretanto, Darío Hidalgo, profesor e investigador en logística y transporte de la Universidad Javeriana, explicó que la clave del cumplimiento de las normas está más en la vigilancia y el control ejercidos por las autoridades que en el valor de las multas.

Asimismo, el docente mencionó que se debe mantener vigilancia sobre el uso de los recursos obtenidos con las multas, para que estos sean destinados a una mayor seguridad vial.

“Cabe aclarar que los recursos que se generan a través de las multas son para que las administraciones locales adelanten sus actividades de señalización, control y campañas para la promoción de la seguridad vial. Además, parte de esos recursos también se destinan a los fondos de estabilización de tarifas de los sistemas de transporte público. Por lo tanto, el tema también está en que se mantenga control sobre el uso de esos dineros”, agregó.

En este sentido, el experto también considera que es importante que las multas sean proporcionales al tamaño de la infracción y que, en el caso de las fotomultas, se haga vigilancia sobre su ubicación, al mismo tiempo que los conductores respeten las normas de tránsito.

De igual forma, el investigador sostuvo que en la reforma al Código de Tránsito se pueden incluir otros puntos importantes, como las multas graduales, el licenciamiento por puntos para los reincidentes en infracciones y la regulación de las sillas infantiles.

Aunque La Opinión se contactó en reiteradas ocasiones con la Secretaría de Movilidad de Cúcuta para conocer su posición frente a esta propuesta, no se obtuvo ninguna respuesta al cierre de esta edición.

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