El Gobierno nacional anunció una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones de tránsito instalados en diferentes ciudades del país. La medida fue impartida por el presidente Abelardo de la Espriella y será adelantada por el Ministerio de Transporte y las entidades adscritas a esa cartera.
La revisión busca establecer si las cámaras actualmente instaladas cuentan con autorización, sustento técnico y legal, además de verificar que su funcionamiento corresponda a las condiciones de seguridad vial exigidas para cada corredor.
La decisión responde a los cuestionamientos planteados por el mandatario sobre posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no estaría debidamente sustentada.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”, señaló por su parte la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
El Ministerio informó que verificará aspectos como los niveles de siniestralidad de los sectores donde están instaladas las cámaras, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada vía. También anunció que revisará la regulación para establecer requisitos más exigentes para la autorización de nuevos dispositivos.
La revisión anunciada no implica, según el anuncio del Gobierno, una intervención sobre los contratos de las concesiones ni el retiro automático de las cámaras que actualmente funcionan. El objetivo es comprobar que los dispositivos cumplan los requisitos técnicos y legales que permitieron su autorización.
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¿Qué ocurre en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios?
La revisión nacional tiene especial interés en Norte de Santander debido a que no en todos los municipios del área en que hay equipos de fotodetección están fiscalizando lo mismo, es decir, en unas partes se sanciona velocidad, en otras pico y placa, revisión técnico mecánica, parqueo prohibido, etc.
En Villa del Rosario, según el veedor de Tránsito, Hugo Santiago, permanecen suspendidos los dispositivos de fotodetección ubicados sobre la autopista Internacional, según orden de la Administración Municipal.
Allí se mencionan dos sensores, uno en inmediaciones de la universidad de Pamplona y otro en el sector de Lomitas, ambos fiscalizaban velocidad.
En Los Patios funcionan dos radares para regular la velocidad de los automotores sobre la avenida 10.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los dispositivos destinados a detectar excesos de velocidad.
Estos equipos requieren calibraciones periódicas para garantizar que las mediciones correspondan a la velocidad real del vehículo. De acuerdo con Hugo Santiago, de Veeduría de Tránsito, la falta de una calibración vigente podría afectar la validez de una detección.
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En Cúcuta, por ejemplo, no se fiscaliza velocidad, pero existen dispositivos destinados a controlar el pico y placa, Revisión Técnico Mecánica, mientras que en Villa del Rosario y Los Patios esta restricción no opera de la misma manera.
Se verificará si cumplen con la norma
La discusión de fondo está relacionada con el propósito de estos sistemas. La legislación establece que la utilización de mecanismos de fotodetección debe estar vinculada con la seguridad vial y responder a condiciones que justifiquen su instalación. Entre los criterios están la existencia de siniestralidad y las características del corredor, subraya Santiago.
Por ello, una de las verificaciones que realizará el Gobierno será establecer si las cámaras instaladas cumplen efectivamente con la finalidad para la cual fueron autorizadas y si las condiciones técnicas y de señalización exigidas se mantienen.
Las notificaciones, otro punto de controversia
Además de la autorización y el funcionamiento de los dispositivos, en Villa del Rosario y Los Patios existen cuestionamientos de ciudadanos y veedurías relacionados con la manera en que, presuntamente, se están notificando algunos comparendos detectados mediante cámaras o radares.
La fuente consultada sostiene que algunos ciudadanos se enteran de la existencia de una infracción cuando realizan trámites como la venta o compra de un vehículo o la renovación de la licencia de conducción. El reclamo apunta a que el ciudadano debería tener conocimiento oportuno de la actuación administrativa para poder ejercer su derecho a la defensa.
La norma señala que la Secretaría de Tránsito debe cumplir los procedimientos establecidos para validar la infracción y adelantar su notificación. Cuando esos pasos no se cumplen, los afectados pueden solicitar información sobre la forma en que se realizó la notificación y presentar los recursos o reclamaciones que correspondan.
La controversia sobre las fotomultas, por tanto, no se limita al funcionamiento de las cámaras. También comprende las condiciones técnicas de los equipos, la señalización previa de los dispositivos y el procedimiento utilizado para comunicar los comparendos a los presuntos infractores.
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El Gobierno nacional anunció que, una vez concluida la revisión, actuará frente a los casos en los que encuentre incumplimientos, irregularidades o deficiencias en los sistemas evaluados.
¿Se acaban los abusos?
Además de revisar los sistemas existentes, el Ministerio de Transporte estudiará la regulación relacionada con la autorización de nuevas cámaras.
La intención es establecer criterios más exigentes para garantizar que las futuras instalaciones respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
La política que se revise también deberá considerar otras herramientas para reducir los riesgos en las carreteras. Entre ellas estarán las soluciones de ingeniería, una mejor señalización, la pedagogía y las labores de control.
De esta manera, la instalación de cámaras no sería considerada como una solución aislada, sino como parte de una estrategia integral de seguridad vial.
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