La falta de cultura es, según la secretaría de Gobierno, la principal causa de la constante invasión del espacio público en la ciudad. 

Y es que la situación ha llegado a tales extremos que quienes abusan con el espacio de todos no solo se conforman con invadirlo, sino que lo administran y lo encierran en madera, concreto y hasta páneles de vidrio.

Los más perjudicados son los peatones —y en especial los discapacitados—, quienes deben exponerse a transitar por la calzada, con los riesgos que eso implica, pues los andenes permanecen ocupados por restaurantes, talleres de mecánica, mueblerías, montallantas, ventas de minutos de celular, o parqueo de carros y motos.

Quejas diarias

Óscar Gerardino, secretario de Gobierno dijo que cada día recibe más de 10 quejas en las que la comunidad expresa su inconformismo por la apropiación ilegal del espacio público. Las quejas, dijo Gerardino, se atgienden pronto.

No explicó, sin embargo, porqué hay sitios donde el espacio público ha sido encerrado, techado y hasta entapetado, y su oficina nada hace por evitarlo.

Actúan, pero...

“Gracias a la comunidad hemos podido frenar accionares indebidos”, dijo, y señaló que en Atalaya, un particular había puesto la escalera que daba a la vivienda en parte del andén.

“Fuimos, se notificó al dueño y ya la retiraron”, agregó. También visitaron un local comercial sobre la avenida Los Libertadores. A un restaurante se le hizo fácil y encerró el andén, y con gradas cubrió el espacio público. Allí, “ya se hizo la visita con Planeación y tramita la orden de demolición”, dijo Gerardino, pero tampoco explicó por qué solo actuó cuando La Opinión denunció el hecho.

Por invadir el espacio público se aplican multas entre 10 y 20 salarios mínimos diarios legales por metro cuadrado construido, de conformidad con la ley 810.

En la avenida Los Libertadores, el fenómeno de invasión es constante; en el barrio La Merced, los andenes permanecen ocupados por talleres de mecánica; en la avenida octava son las mueblerías las no dejan por donde caminar.

Pero las autoridades no hacen rondas de vigilancia para prevenir que los abusos ocurran. Solo actúan con base en denuncias de los ciudadanos.

En barrios como La Cabrera, La Playa, El Contento, Ceiba, Quinta Oriental y Guaimaral y otros, el espacio público ha sido tomado para restaurantes, fuentes de soda y ventas de pasteles, en especial en las noches.

Todo esto ocurre pese a las campañas y controles anunciados por las secretarías de Gobierno, Tránsito, Seguridad Ciudadana y la misma Policía de Cúcuta.

“Actuamos donde nos lleguen las quejas... Planeación entrega el informe técnico donde dice que es espacio público y qué está bajo la norma”, explicó Gerardino. “Con ese informe, sellamos la obra o se retiran los elementos que estén invadiendo los andenes o el espacio público”.

Pero hay sitios donde el espacio público fue invadido hace meses, y nada les ha ocurrido a los responsables.