El proyecto de acuerdo presentado por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, para solicitar autorización al Concejo Municipal para contratar un nuevo crédito por $30.000 millones abrió una nueva discusión sobre el nivel de endeudamiento de la ciudad, el manejo de los recursos aprobados anteriormente y la conveniencia de asumir obligaciones financieras adicionales para ejecutar obras de infraestructura vial.

La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Hacienda, contempla recursos destinados a continuar con la recuperación de la malla vial. Su discusión en segundo y definitivo debate estaba prevista para la tarde de ayer. El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de los concejales, aunque desde la oposición se anunciaron votos negativos.

Uno de los principales cuestionamientos provino del concejal del Estatuto de Oposición, Leonardo Jácome, quien sostuvo que la deuda pública del municipio asciende actualmente a $403.000 millones, sin contabilizar el nuevo empréstito solicitado por la Administración.

Según Jácome, los ingresos corrientes del municipio rondan los $385.000 millones anuales y consideró que la Administración no debería continuar aumentando sus obligaciones financieras. También cuestionó los resultados de las inversiones realizadas con recursos de créditos anteriores.

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El concejal aseguró que, a falta de aproximadamente un año para terminar el actual periodo de gobierno, no se observan obras de gran impacto y cuestionó que una parte importante de los recursos haya sido destinada a la pavimentación de vías. También puso como ejemplo los recursos destinados a las cámaras de seguridad y a proyectos de infraestructura como el puente de la Silla Coja

En la misma línea se pronunció el concejal Alonso Torres, quien afirmó que la Administración conoce las restricciones financieras del municipio, pero, según él, ha optado por ignorarlas.

Torres también cuestionó la falta de información sobre la ejecución del crédito aprobado anteriormente por $287.000 millones. Dijo que en varias oportunidades fueron citados secretarios de despacho al Concejo para explicar cómo, dónde y en qué se han invertido esos recursos, pero, según su versión, no asistieron a las citaciones.

“¿Cómo se va a aprobar un nuevo crédito?”, planteó el concejal, quien anticipó que, debido a las mayorías con las que cuenta el alcalde en la corporación, el proyecto podría ser aprobado ayer  por 15 votos contra cuatro.

La concejal Vanessa Arenas también anunció su oposición al empréstito. En su concepto, Cúcuta no tiene capacidad para continuar endeudándose y la Administración debería gestionar mayores recursos provenientes de la Nación antes de recurrir nuevamente al crédito.

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Arenas cuestionó además el costo de las obras de pavimentación y sostuvo que el municipio todavía enfrenta otros problemas que requieren financiación. Calificó como una “irresponsabilidad financiera y política” la decisión de solicitar un nuevo crédito y aseguró que al Concejo no han llegado informes suficientes sobre la utilización del primer empréstito.

La concejal señaló que ya fueron enviados oficios a los organismos de control para que revisen e investiguen la situación.

El argumento de quienes respaldan el crédito

Frente a estos cuestionamientos, el presidente del Concejo, Edinson Contreras, defendió la viabilidad financiera y jurídica de la operación. Explicó que los indicadores presentados por la Secretaría de Hacienda muestran que el municipio se encuentra dentro de los límites establecidos por las normas de responsabilidad fiscal.

Contreras señaló que, de acuerdo con los indicadores asociados a la Ley 358 de 1997, el límite de alerta para la solvencia es del 60 %, mientras Cúcuta registra un 5 %. En cuanto al indicador de sostenibilidad, cuyo límite es del 100 %, el municipio presenta un 51 %. Con el nuevo crédito, según la proyección expuesta, la solvencia subiría al 8 % y la sostenibilidad al 66 %.

El presidente del Concejo agregó que la situación financiera también está respaldada por la calificación otorgada por Fitch Ratings. Según explicó, el municipio mantiene una calificación A+ con perspectiva estable, resultado que, en su concepto, evidencia una capacidad de pago suficiente para asumir la nueva obligación.

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La concejal liberal Carime Rodríguez también anunció su respaldo. Consideró que los $30.000 millones son necesarios para continuar con la recuperación de la malla vial y sostuvo que su decisión se fundamenta tanto en los documentos entregados por la Administración como en las condiciones que ha observado directamente en distintos sectores de la ciudad.

Rodríguez reconoció que un nuevo crédito compromete recursos futuros, pero argumentó que aplazar las inversiones necesarias para recuperar las vías también genera costos para el municipio.

“Mi voto será un sí responsable”, afirmó la concejal, quien reiteró que respaldará la iniciativa.

Carlos Eduardo García Alicastro, integrante de la Comisión de Hacienda, donde el proyecto fue aprobado en primer debate, también dejó abierta la posibilidad de votar favorablemente. Dijo que esperaba que en la plenaria la Secretaría de Hacienda entregara los elementos jurídicos y técnicos pendientes y condicionó su decisión a que estos estuvieran en orden.

Desde el sector comunitario, Gerardo García, dirigente de barrios del centro de Cúcuta, respaldó la posibilidad de contratar el crédito. Aseguró que las obras ejecutadas durante la actual Administración han tenido impacto en la recuperación de la malla vial y planteó que, de aprobarse el nuevo empréstito, los recursos deberían llegar a sectores de las diferentes comunas donde todavía existen vías sin pavimentar.

Hacienda defiende la capacidad de pago

La secretaria de Hacienda de Cúcuta, María Eugenia Navarro, explicó que el endeudamiento contemplado por la Administración desde el comienzo del actual gobierno no se limita al crédito que ahora se discute.

Según Navarro, el Plan de Desarrollo fue estructurado con un soporte financiero que contemplaba inicialmente dos operaciones de crédito: una por $287.500 millones para tramitar en 2024 y otra por $140.000 millones en 2026.

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La funcionaria explicó que, después del primer crédito, la Administración solicitó a Fitch Ratings un análisis sobre el cierre fiscal de 2025 y la posibilidad de contratar una nueva operación por $120.000 millones. Según la evaluación, el municipio podía conservar su calificación crediticia y mantener una perspectiva favorable.

Navarro precisó que para determinar la capacidad de endeudamiento se cruzan diferentes fuentes de información, entre ellas los datos del Ministerio de Hacienda, las obligaciones vigentes, el calendario de amortizaciones y la información suministrada por el propio municipio.

También aclaró que los análisis de la calificadora tienen en cuenta los valores de los créditos contratados y no únicamente los recursos que ya hayan sido desembolsados. Esto explica, según la funcionaria, por qué el análisis financiero considera los $287.500 millones contratados, aunque parte de esos recursos todavía no hubiera sido desembolsada al momento de la evaluación.

Para Hacienda, la diferencia entre la posibilidad inicialmente analizada de contratar hasta $120.000 millones y los $30.000 millones que actualmente solicita el alcalde responde precisamente a la intención de mantener bajo control el comportamiento futuro de las finanzas municipales.

Navarro sostuvo que, de acuerdo con los análisis realizados por su dependencia, una operación por $30.000 millones permite conservar los indicadores financieros dentro de los márgenes considerados adecuados.

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