“¿Que si hay consumo en los parques? Sí, pero creo que ahí también falla la comunidad. No es posible que se ven dos o tres personas consumiendo (marihuana), la comunidad se vaya y dé la oportunidad de que se apropien del parque y se les entregue (a los consumidores)”.

La frase del secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, durante el reciente control político en el Concejo le valió críticas de parte de sus integrantes, que calificaron como poco acertado.

Para los concejales Alexánder Salazar y Guillermo León Báez, la base del problema es el consumo mínimo que, según Salazar, “es una ley injusta” y “lo peor que le ha pasado a la sociedad colombiana, porque ha conllevado a que los jíbaros no puedan decomisar esas dosis mínimas que los jíbaros luego esconden y multiplican”.

Pese a ello, para Salazar el comentario de Franco “es un desacierto que puede decir hoy, porque es secretario y tiene escoltas, pero la comunidad no los tiene”.

Por su parte, León “el secretario no puede solicitar a las comunidades que tomen vías de hecho ni autocuidarse, porque ese es el deber de las autoridades”.

“Otro asunto muy distinto es la cooperación de los ciudadanos”, enfatizó.

Entre tanto, el concejal Carlos Abreo declaró que “la solución en los casos de consumo en parques es llamar a la autoridad, denunciar, identificarlos, pero no solo para criminalizar sino para desarrollar una estrategia de seguridad integral, con acompañamiento social y psicológico”, y  hasta la creación de lugares de desintoxicación.

Según Abreo, es necesario que se ayude a sacar a los consumidores de su adicción, pero señaló que tanto esta actividad como alejarlos de los parques es competencia de Seguridad Ciudadana y no de los habitantes.

El presidente del Concejo, Jaime Marthey, expresó que la crítica a Franco se la hizo previamente “de manera informal en el debate”.

“Me parece que es una respuesta desacertada, por cuanto el Código nacional de policía establece la fuerza pública debe actuar, multar y sancionar a los reincidentes cuando cometan conductas como consumir drogas en espacio público”, declaró. “Si bien hay una protección por parte de la Corte, con la que no estoy de acuerdo, como es la dosis mínima, también es cierto que ese derecho no puede afectar los de las demás personas”.

Agregó que este tipo de declaraciones así como la escasa aplicación del Código de policía podrían exacerbar los niveles de intolerancia “porque la gente cree que todo está permitido y hacen los que les parece, mientras los afectados toman la justicia por sus propias manos ante la falta de iniciativa de la fuerza pública”.