El fiscal general de Brasil investiga las acusaciones de que un poderoso legislador recibió sobornos para ayudar a que se otorgaran contratos para la construcción de sedes y otras obras para los Juegos Olímpicos, del próximo año, en Río de Janeiro.

En documentos obtenidos por AP, el fiscal general Rodrigo Janot acusa a Eduardo Cunha, portavoz de la mayoría en la cámara de diputados de Brasil, de recibir 475.000 dólares de la compañía de construcción OAS para redactar legislación favorable a la empresa.

Cunha ha dicho a medios locales que las acusaciones son “ridículas”. OAS rehusó comentar.

La investigación es la primera sobre corrupción en los proyectos olímpicos, que han costado al país miles de millones de dólares.

OAS está involucrada en la construcción de las sedes de BMX, ciclomontañismo y canotaje en Deodoro, en el norte de Río, el segundo conjunto más grande de sedes olímpicas.

La empresa también está encargada de la construcción de carriles expreso para autobuses, el proyecto de remodelación del puerto de Río a un costo de 2.000 millones de dólares, y obras para limpiar las contaminadas aguas en Barra da Tijuca, la zona donde se construye el principal parque olímpico.

Según el sistema legal brasileño, el fiscal es más que nada un investigador y depende de un tribunal, en este caso la Corte Suprema, aceptar el caso.

En el informe de 190 páginas, Janot dice que Cunha “manejó la cámara de diputados como un centro para intercambiar legislación por sobornos”.

El informe señala que Cunha promovió legislación aprobada en 2012 que otorgó exenciones contributivas a las obras de construcción relacionadas con los Juegos.

La rama ejecutiva calculó que las exenciones contributivas sumaron 1.000 millones de dólares.

*Río de Janeiro | AFP