En Cúcuta se inició esta semana la primera jornada de identificación de personas que han sufrido amputaciones como consecuencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas.
La actividad, liderada por el Gobierno nacional y el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), busca identificar a los sobrevivientes y facilitar su acceso a servicios médicos especializados.
Mileyni Guevara, presidenta de la asociación que representa a esta población, destacó la importancia de la jornada, programada para el 2 de octubre.
“Para nosotros, los sobrevivientes de minas antipersonal, es muy significativo e importante esta jornada”, señaló.
Guevara explicó que buena parte de las personas afectadas reside en zonas rurales, tiene dificultades de acceso a la información y desconoce la ruta de atención establecida para este tipo de casos.
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“En su mayoría son personas de la zona rural, analfabetas, que no conocen la ruta de atención y viven en territorios alejados del casco urbano”, afirmó.
La dirigente agregó que la jornada permitirá acercar la oferta institucional a sobrevivientes de Cúcuta, Ocaña y diferentes sectores del Catatumbo.
“Esto nos facilita poder acceder inmediatamente a todos los servicios médicos especializados para mejorar la condición de cada sobreviviente”, manifestó.
También destacó la posibilidad de acceder a prótesis que respondan a las necesidades de quienes han sufrido amputaciones.
“Nos facilita tener una buena prótesis de calidad. Algunas IPS no las entregan con la calidad que necesitamos. Para nosotros, que el doctor Hernando Mora lidere esta actividad, es gratificante que alguien se ocupe de nuestra recuperación”, expresó.
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Según el registro de la Consejería de Paz de Norte de Santander, actualmente hay 1.108 sobrevivientes de minas antipersonal en el departamento, entre población civil y miembros de la Fuerza Pública.
Nuevos artefactos encontrados
El riesgo continúa latente en diferentes zonas rurales del departamento. En el último mes, el Ejército Nacional informó sobre la ubicación y destrucción controlada de 13 dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal.
Durante la operación también fueron encontrados dos equipos de radio con sus respectivos cargadores, 200 metros de cable dúplex y dos rollos de cable que, según la institución, serían utilizados para activar los explosivos.
La operación se desarrolló en la vereda Mónoga, en el área limítrofe entre Labateca y Toledo. De acuerdo con el Ejército, el material pertenecía a la autodenominada Comisión Martha Cecilia Pabón, del Eln.
La ubicación del depósito ilegal fue posible mediante labores de inteligencia militar. La información permitió a las tropas establecer el sitio donde la estructura armada habría ocultado los explosivos dentro de un recipiente plástico.
La destrucción controlada de los 13 artefactos evitó, según el Ejército, que fueran utilizados contra habitantes de la zona rural de Toledo o integrantes de la Fuerza Pública.
Las minas antipersonal pueden permanecer activas durante largos periodos y representar un riesgo para la población civil incluso después de que cesan los enfrentamientos. El derecho internacional humanitario prohíbe su utilización debido a los efectos indiscriminados que generan.
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El Ejército rechazó el empleo de este tipo de explosivos por parte de grupos armados ilegales y señaló que continuará desarrollando operaciones para proteger a la población y contrarrestar las acciones que afectan la seguridad en el territorio.
Un riesgo que permanece
Los recientes casos de jóvenes campesinos afectados por minas antipersonal han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en el desminado humanitario del Catatumbo.
Defensores de derechos humanos han insistido en que la presencia de estos artefactos mantiene bajo amenaza a comunidades rurales que durante años han permanecido en medio de la confrontación entre grupos armados que disputan el control territorial.
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