Esta semana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tramitará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca agrandar los montos de sanciones que aplica a las industrias, pese a tener las multas máximas más altas, de 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El año pasado, la SIC impuso sanciones por $281.651 millones, y si bien 77,4% fueron aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad aún siente que su capacidad de control no es suficiente
Si se hiciera un ranking por montos de sanciones, en segunda posición, con nueve multas menos y una cifra 7,5 veces menor al de la Superindustria, está la Superintendencia de Puertos y Transporte con multas por $28.952 millones.
De tercera, cuarta y quinta posición, se ubicaron la Superintendencia de Salud y Protección Social ($15.542 millones), Superintendencia de Sociedades ($8.284 millones) y la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios ($5.700 millones).
Sorprendentemente y de sexta en el ranking, aparece la Superintendencia Financiera ($3.518 millones), seguida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ($2.029 millones).
Igualmente la Superintendencia de Economía Solidaria ($1.944 millones), Superintendencia de Notariado ($1.131 millones) y la Superintendencia de Subsidio Familiar $69,8 millones.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explicó que la entidad que dirige defiende el derecho colectivo de la libre competencia que es la columna vertebral de la economía de mercados y en un contexto internacional alcanza una capacidad sancionatoria mediana.
Por ejemplo, la autoridad de Competencia francesa impuso el año pasado una multa de $605 millones ($1,7 billones ) a varias empresas del sector de higiene personal y belleza como L’oreal, Unilever, Henkek, P&G, por haberse cartelizado.
Mientras las sanciones más altas que ha impuesto la SIC ha sido a Claro ($87.000 millones), a las entidades del distrito por la recolección de basuras ($86.000 millones) y a Roa Florhuila ($33.800 millones).
“La Ocde recomienda que adoptemos sanciones no guiadas por un tope máximo, sino con unos porcentajes sobre el patrimonio, las utilidades e ingresos y precisamente esta semana se presentará ante el Congreso el proyecto de ley que pretende endurecer nuestras capacidades”, aseguró Robledo.
¿Y qué pasa con el dinero de los sancionados?
El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, explicó que los recursos obtenidos por sanciones van al Tesoro y luego pasan a una cuenta común de recursos de la Nación.
