El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1261 del 19 de agosto, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días en 15 departamentos con afectaciones en viviendas, hospitales y redes de servicios públicos, incluido Norte de Santander, tras el terremoto del pasado día 10.
A través de este documento, se establece una ruta para la atención del desastre, pero algunas propuestas podrían enfrentar obstáculos jurídicos o de ejecución, de acuerdo con expertos consultados por La Opinión.
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Para financiar el costo de la reconstrucción y el apoyo a los damnificados, el cual el Gobierno estima en $30 billones, principalmente en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, el Gobierno plantea acudir a recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Sistema General de Regalías (SGR).
También optar por el crédito público, la cuenta Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE); a Obras por Impuestos y a la reasignación transitoria del 25% de los premios caducos de juegos de azar, entre otras propuestas.
FAE, primera encrucijada
Para el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, el decreto, en la
exposición de motivos, mencionan propuestas, pero no hay medidas; por lo que muchos planteamientos pueden tener problemas de constitucionalidad.
“En la medida en la que sea posible utilizar dinero del FAE, tiene sentido para atender las afectaciones del terremoto. Sin embargo, habrá que ver a futuro cómo se compensan esos recursos”, agregó.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, resaltó que se establecieron políticas relacionadas con traslados presupuestales, a través de futuros decretos reglamentarios, los cual sería viable.
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“La dinámica de la ejecución presupuestal de gastos de inversión no ha sido la mejor en este año y están sobrando aproximadamente, en apropiaciones por falta de ejecución, $40 billones y de ahí se podría sacar una primera parte de la financiación”, añadió el académico.
Amorocho sostuvo que el FAE tiene una fijación exclusiva en el sector petrolero, por lo que encontraría alguna dificultad jurídica de movilización de esos recursos. Además, tocaría revisar el saldo, el cual no suele ser muy alto.
SGR y Obras por Impuestos
El economista Mauricio Salazar destacó que flexibilizar el Sistema General de Regalías (SGR) es una propuesta que desde el Observatorio han estudiado bastante; el SGR, el año pasado, entregó disponibilidades iniciales por $31 billones; “eso es plata que no se utilizó del bienio pasado y es un sistema con una muy buena idea, pero con pésima ejecución”.
En cambio, el experto Henry Amorocho dijo que la flexibilización del SGR no resultaría viable jurídicamente, porque este tiene destinación específica para inversión social, según la Constitución Política.
El director del Observatorio, Mauricio Salazar, también ve con buenos ojos aprovechar el mecanismo Obras por Impuestos, en el cual sería muy bueno abrir cupos para que el sector privado pueda ayudar en la recuperación de forma rápida; incluso, para las mineras, pensar en regalías por impuestos.
“La ampliación de Obras por Impuestos es muy importante. Es un mecanismo que no ha funcionado en Colombia con una dinámica alta. Pero es el momento, hay sensibilidad y se está dando la cohesión en el sector privado con la actual administración, lo cual garantiza una buena utilización de recursos por esta vía”, expresó por su parte Henry Amorocho.
Sí al crédito y al uso de la SAE
“En cuanto al crédito público, es el momento de buscar crédito de donde sea, ojalá con un compromiso, en otras partidas, de recorte del gasto público, para que no se suban las tasas”, añadió Mauricio Salazar.
Henry Amorocho consideró que, básicamente, es la figura que se va a utilizar en 2027, debido a que el presidente y su equipo de trabajo han sido insistentes en no aumentar tributos ni crearlos. Eso lo hace el mecanismo apropiado, para lo cual se tiene que aprovechar la devolución del proyecto del PGN 2027 ajustado que tiene que hacer el Gobierno, para incluir la solicitud de incremento del cupo de endeudamiento externo e interno.
Por otra parte, según Mauricio Salazar, acudir a la SAE “suena muy loable”, pero hay un problema de gobernabilidad en la entidad desde el gobierno pasado, por lo que habrá que ver qué tan viable termina siendo.
El profesor Henry Amorocho destacó que la propuesta sobre la SAE es de mediano plazo, porque tiene que ver con ventas de bienes y, desde luego, se tienen que hacer trámites exprés en este aspecto por la necesidad urgente.
Fondos y juegos de azar
“Hay un montón de fondos fiduciarios y fiducias en el país. Si se puede utilizar lo que hay, habrá que ver las protecciones legales. Y lo de rentas de juegos de azar, fue también una propuesta de la primera emergencia del frente frío, sabemos que allí se mueve gran cantidad dinero, por lo que ese recaudo debería ser parte permanente del Presupuesto General de la Nación”, apuntó Salazar.
Henry Amorocho manifestó que el uso transitorio de saldo de fondos especiales es una figura viable. No obstante, ve dificultades en la aprobación de la reasignación de renta de juegos de azar, porque son de monopolio con destinación específica, que definitivamente marcarían indiscutiblemente un debate con los territorios; porque su recaudo es arbitrio rentístico de los departamentos.
Los expertos consideraron que hizo bien De la Espriella en no crear impuestos, porque cumple su palabra. Además, un gobierno no debería acudir a nuevos tributos por necesidades de liquidez, incluso por terremotos y pandemias, pues hay fondos y los países deben tener un sistema de adaptación al cambio climático, desastres y situaciones de salud.
Subsidios que plantea el decreto
1. Vivienda
- Subsidio Familiar de Vivienda. Se elimina la prohibición de entregar este auxilio por una única vez, para que las familias afectadas que ya lo recibieron puedan postularse.
- Sin requisitos. Se suprimen las barreras de postulación voluntaria y ahorro previo obligatorio.
- Control a arriendos. Se suspende transitoriamente la limitación ordinaria del canon de arrendamiento máximo (fijado en el 1% del valor de la vivienda), buscando blindar a las familias de la especulación y de la distorsión del mercado.
- Facilidad de tránsito. Se flexibilizan las reglas para pasar de la modalidad de adquisición de vivienda a la de mejoramiento.
2. Transferencias monetarias
- Programas del Departamento para la Prosperidad Social. Garantiza que los subsidios sigan llegando de forma automática.
- Creación de un auxilio temporal extraordinaria para trabajadores independientes damnificados.
3. Laborales, financieros y productivos
- Apoyo al empleo. Auxilio financiero transitorio enfocado en micro y pequeñas empresas para sufragar parte de los salarios y aportes de sus trabajadores.
- Créditos. Alivios para el sector agropecuario y las microempresas (subsidios extraordinarios a las tasas de interés, periodos de gracia y canalización de recursos de capital).
- Sector turismo. Redireccionamiento de dineros de Fontur para subsidiar de forma temporal la operación hotelera.
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