El Gobierno ampliará por segunda vez en el año el plazo para que todas empresas del país, sin importar su tamaño, implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSTT), que finalizaba el próximo 31 de enero de 2017. Con eso, la seguridad laboral vuelve a quedar en el limbo.
Según aseguraron fuentes del Ministerio de Trabajo, los empleadores colombianos tendrán los primeros meses del año, se presume que hasta abril, para ultimar los detalles que les permitan cumplir a rajatabla la Ley 1562 de 2012 que pretende asegurar la salud de los trabajadores en su lugar de trabajo.
Además, la nueva entrada en vigor de este nuevo sistema que modifica el concepto de Programa de Salud Ocupacional y que se ha ido alargando en el tiempo con varios decretos, como el de 1443 en 2014, se realizaría por medio de diversas fases que se estarían estipulando antes de que finalice el año.
En Colombia, 8 de cada 100 trabajadores sufrieron un accidente laboral el año pasado, una cifra que se mantiene desde hace más de cinco años. En total, de acuerdo con cifras de Fasecolda, en 2015 hubo 723.836 accidentes y 563 fallecidos en el ámbito de trabajo, un panorama bastante desalentador que podría reducirse con la implementación del nuevo sistema de seguridad laboral.
En este nuevo escenario, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tendrán un papel fundamental, pues serán las encargadas de brindar asesoría y asistencia técnica en la implementación a todos sus afiliados obligados a adelantar este proceso.
Así mismo, presentarán informes semestrales a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo sobre las actividades de asesoría y asistencia técnica, así como del grado de implementación del SGSST.
“Es importante que los empresarios implementen el SGSST. Con esta medida se busca prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a las cuales están expuestos los empleados”, señaló Álvaro Vélez, presidente de Positiva Compañía de Seguros.
Sin embargo, la implementación es costosa, y Alberto Echavarría, vicepresidente jurídico de la Andi, explicó que el retraso, en las pequeñas y medianas empresas, obedece a la imposibilidad de asumir de golpe los altos costos que implican las capacitaciones.
