Muchas veces las normas aprobadas por el Congreso de la República no pasan de convertirse en letra muerta, bien sea porque sus determinaciones quedan sin ponerse en marcha o que las instituciones encargadas de aplicarlas poco hacen por ponerlas en marcha.

A propósito de esto, resultaría muy interesante hacer algo parecido a un corte de cuentas para determinar la realidad de tantas leyes aprobadas y cuyos resultados no son los esperados.

En ese caso, hay que ponerle mucha atención a la Ley 2590 de 2026, mediante la cual se modifican las penas de los delitos de reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para la comisión de delitos, se fortalecen las medidas para prevenir su ocurrencia y se incorporan nuevas acciones para robustecer la respuesta institucional frente a esta problemática.

Es urgente que Norte de Santander, desde la Gobernación con su Consejería de Paz, por ejemplo, que se empiecen a emprender las labores indispensables para que la ley empiece a implementarse, sabiendo la crisis humanitaria que en ese campo padece la región.

Es que la protección integral de la infancia y la adolescencia afectada por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada requiere de manera urgente su implementación.

Ese mensaje que se envía desde la institucionalidad es la manera que tiene el Estado de responderles a las acciones criminales del Eln, la disidencia de las Farc y el Clan del Golfo, dentro de la necesaria aplicación de la justicia.

 La firma de la Ley constituye apenas el primer paso. En este momento empieza la misión más  importante, que es el despliegue de la capacidad estatal para reglamentar, financiar e implementar oportunamente los instrumentos que la propia norma establece.

En ese sentido, los nortesantandereanos debemos respaldar el llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno entrante para que priorice el cumplimiento de las medidas previstas en la norma.

Las madres del Catatumbo, por ejemplo, y de otras regiones del departamento saben muy bien lo lacerante, doloroso e inhumano que es sometido al hostigamiento de los grupos armados ilegales que mediante engaños o amenazas se llevan a los más pequeños y jóvenes de la casa para luchar una guerra que no es de ellos.

Dentro de las acciones previstas figura la  elaboración del documento Conpes y la actualización de la Línea de política pública para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La implementación del observatorio nacional de reclutamiento y uso de menores de edad. Contar con información verificada y consolidada resulta indispensable para comprender la evolución y magnitud de esta problemática, orientar las decisiones de política pública y evaluar la efectividad de las medidas.

Esto sí que es necesario que se aplique para enfrentar los subregistros, al igual que la creación y puesta en funcionamiento del equipo nacional de acción inmediata.

La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para niñas, niños y adolescentes y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, y vulneran el derecho a un buen futuro.

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