“Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento”, es la lapidaria afirmación de Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. 

Una confirmación de la dramática situación surge de los datos de la Defensoría del Pueblo, según los cuales entre 2021 y 2025, el 69,5 % de los casos registrados ocurrieron en tres de los 32 departamentos de Colombia: Cauca (57 %), Norte de Santander (6,9 %) y Antioquia (6,5 %).

Dejando presente en su página web que “cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, HRW  le hizo un pedido al Gobierno nacional que es necesario tener presente.

Se trata de la adopción de una política integral de seguridad y justicia para poner fin a estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar que las instituciones encargadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para hacer frente a este flagelo.

Ahora que esta organización internacional independiente dedicada a la defensa, investigación y promoción de los derechos humanos en todo el mundo le puso le hace monitoreo a este problema, debe procurarse el apoyo externo para conjurarlo.

Pero además es bueno conocer otros detalles sobre el reclutamiento forzado, como que el Ministerio de Defensa Nacional, cuya fuente de datos es distinta a la de la Defensoría del Pueblo, también indica que los grupos disidentes de las Farc son responsables de los niveles más altos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Norte de Santander.

Como se nota, esta región del país siempre aparece dentro de las más impactadas por este delito generador de efectos devastadores y que está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario como por los derechos humanos.

La guerra en el Catatumbo entre el Eln y la disidencia de las Farc se convirtió en uno de los peores riesgos para las niñas, niños y adolescentes, quienes van expuestos a caer en las redes de reclutadores de esos grupos armados que los convierten en combatientes o para otra clase de acciones.

En el país, de acuerdo con RW, en algunos casos reciben entrenamiento militar. En otros, son utilizados para recopilar información, servir como mensajeros, brindar atención médica, vigilar a rehenes, participar en actividades de tráfico de drogas o como guardaespaldas de los comandantes.

Las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual. En ese aspecto cobra vigencia lo planteado por a representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat: “es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida, y es nuestro deber evitar que se produzcan”.

Del reclutamiento forzado no hay que dejar de hablar ni tampoco bajar la guardia, sino seguir en la búsqueda de alternativas para ponerle freno y buscar su erradicación definitiva como una forma de ayudar a desescalar el eterno conflicto armado que nos martiriza.

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