Después de los cuestionamientos surgidos por una presunta filtración de información al Eln, caso que involucró al anterior defensor regional, Ever Pallares, la abogada ocañera Betsy Emely Sánchez Rico fue encargada de la Defensoría Regional del Pueblo en Norte de Santander.
La situación que rodeó la salida de Pallares estuvo relacionada con un supuesto vínculo familiar con alias Silvana Guerrero, señalada como integrante de esa organización guerrillera. Los señalamientos generaron cuestionamientos sobre el manejo de información por parte de la entidad en medio de la situación de orden público que atraviesa el Catatumbo.
Sánchez Rico cuenta con una trayectoria de 16 años en la Defensoría del Pueblo y durante buena parte de ese tiempo ha estado vinculada a la atención de asuntos relacionados con derechos humanos, incluidos casos de especial relevancia para el Catatumbo.
A nivel nacional se determinó su designación en provisionalidad, grado 19, con asignación de funciones mientras se adelanta el proceso para seleccionar y nombrar en propiedad al nuevo defensor regional.
La decisión fue adoptada por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien dejó en manos de Sánchez Rico la conducción de la entidad mientras se revisan las hojas de vida de los profesionales que aspiran al cargo.
El exdefensor regional del Pueblo, Nelson Enrique Arévalo, consideró que la persona que llegue en propiedad deberá tener conocimiento del territorio y capacidad para recuperar la confianza en la institución.
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“Se escogerá a una persona que reúna los requisitos y sea capaz de meterse a la zona del Catatumbo a arreglar el nombre de esa entidad debido a los últimos acontecimientos”, manifestó Arévalo.
Una trayectoria ligada a la atención de víctimas
La designación de Sánchez Rico ha sido recibida de manera favorable por representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de la región, quienes destacan su experiencia en la atención de población vulnerable.
Maritza Pérez Amaya, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, expresó su respaldo a la nueva defensora regional y destacó su trayectoria dentro de la institución.
“Su destacada trayectoria de años dentro de la institución es garantía de su compromiso, capacidad y vocación de servicio. Desde nuestro rol, reafirmamos la total disposición para continuar trabajando mano a mano en cumplimiento de la política pública de víctimas”, señaló.
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Pérez Amaya también manifestó su expectativa de que la nueva encargada dé continuidad al trabajo articulado que, según dijo, venía desarrollando Ever Pallares.
Experiencia en derechos humanos
Personas vinculadas a organizaciones sociales de la región también resaltaron la experiencia de Sánchez Rico y su conocimiento de las problemáticas que afectan al Catatumbo.
Alba Luz Trigos, directora de la Red de Mujeres del Catatumbo, destacó su trayectoria profesional y consideró que su experiencia puede contribuir a mantener el equilibrio entre las responsabilidades propias del cargo público y la defensa de los derechos humanos.
El líder social Orlando Carrascal Carvajalino también destacó la designación y señaló que Sánchez Rico ha tenido una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos.
La abogada Nohora Elizabeth Pinto resaltó, además, su formación personal y profesional.
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“Recibimos con beneplácito esa asignación de una mujer que viene de una familia donde aprendió valores como el respeto, la solidaridad y el amor al servicio”, manifestó.
Formación y trayectoria profesional
Sánchez Rico es egresada del Colegio Nacional José Eusebio Caro de Ocaña y estudió Derecho en la Universidad Libre de Cúcuta. Posteriormente cursó especializaciones en Derechos Humanos, Derecho de Familia y Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Santo Tomás.
Antes de ingresar a la Defensoría del Pueblo prestó asesoría jurídica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, Apuestas Cúcuta y el Batallón de Infantería número 15 Santander.
En sus 16 años en la Defensoría del Pueblo ha estado vinculada principalmente a asuntos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, con especial atención a comunidades y víctimas de la violencia en el Catatumbo.
Su permanencia en el cargo dependerá del proceso que adelante la Defensoría del Pueblo para seleccionar al funcionario que asumirá en propiedad la dirección regional. Mientras tanto, tendrá a su cargo una entidad que enfrenta el reto de recuperar la confianza institucional en una zona sometida a una prolongada confrontación armada.
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