El Ejército de Liberación Nacional (Eln) que en Norte de Santander mantiene presencia en diversas zonas rurales y urbanas como el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, es causante otra vez de ataques contra la economía local.

Y no se trata de una acción aislada sino de un plan de hostigamiento y amenaza contra el renglón del coque y el carbón en esta parte del país.
Todo obedece a la extorsión que se convirtió en una especie de tributo prácticamente obligatorio que mediante amenazas y acciones violentas trata de ser impuesto por organizaciones armadas ilegales.

Lo anterior degenera, en muchas ocasiones, en atentados como el recientemente sufrido por una  planta coquizadora en el corregimiento San Faustino,  para tratar de someter a sus propietarios para que paguen la vacuna.

Lamentablemente, esta es una prueba más de como este delito sigue siendo uno de los que más impacta al sector empresarial de la región, acosado constantemente por esta clase de organizaciones criminales.

La descripción hecha por La Opinión sobre lo sucedido en ese corregimiento permite hacernos una idea de la  sevicia con la que actúan estas estructuras al margen de la ley que tratan de imponer su control.

El grupo que atacó la planta de coque ingresó y les prendió fuego a los vehículos cargadores y a las volquetas, procediendo después a disparar sus armas para amedrantar a los empleados que se encontraban en el lugar al momento de la incursión.

Es urgente que el Ejército y la Policía les brinden la seguridad adecuada a los empresarios para que  puedan continuar desarrollando sus actividades y generando empleo, que en últimas es uno de los directamente afectados por esta clase de  ataques.

Pero algo que llama la atención es que San Faustino ni siquiera se encuentra en una zona extremadamente alejada del casco urbano cucuteño, razón por la cual   hay que plantear que se intensifiquen los patrullajes conjuntos de presencia y control y no se descarte el montaje de una unidad fija del Ejército o la Policía para la recuperación y garantía de la seguridad en esa área de la capital de Norte de Santander.

Son múltiples las razones para que el Estado recupere el control del lugar. En la zona operan 25 coquizadoras con cerca de 2.000 hornos, de los cuales 1.500 permanecen paralizados.

De continuar el descontrol y la violencia generada por las organizaciones armadas, las garantías para el sector productivo y los inversionistas queda en extremo riesgo, con una fuerte incidencia tanto en la generación de regalías que después se reflejan en obras y en el impacto social por las pérdidas de puestos de trabajo.

Ahí tiene una tarea urgente sobre la cual actuar el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien tiene entre sus banderas la lucha contra quienes persisten en el conflicto armado.

Pero además, sería interesante ponerle la lupa al asunto expuesto por el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante.

Él dijo: “Durante un año nos cobraron un impuesto del 1% sobre las ventas de carbón  en todo el país, con la disculpa de intervenir el Catatumbo para restablecer las  condiciones de seguridad y nada sucedió”. Ahí tienen una tarea la Contraloría y la Procuraduría.

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