La justicia ha vuelto a frenar la llegada de Héctor Miguel Parra López al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Francisco de Paula Santander. No es un tropiezo aislado: es la radiografía de una universidad pública que, presuntamente, está convertida en botín de un proyecto personal de poder.

En pocos meses, la designación de Parra López como representante de los exrectores ante el CSU ha estado empantanada en los tribunales. La decisión más reciente y de mayor peso llegó esta semana: el Tribunal Administrativo de Norte de Santander suspendió provisionalmente el Acuerdo 239 de 2026 dentro del proceso de nulidad electoral, el escenario donde se define la legalidad de fondo de esa elección. Antes, por vía de tutela, la misma designación ya había quedado en entredicho. El mensaje de la justicia es difícil de ignorar.

Y el Tribunal fue explícito. El Consejo votó la designación con dos de sus miembros recusados y sin resolver esas recusaciones, saltándose un trámite que la ley ordena. Para la Sala, el acuerdo “nació afectado por un vicio de legalidad”. Traducido a lenguaje llano: la elección de Parra se hizo por encima de las reglas.

Lo grave no es un error de procedimiento. Lo grave es lo que ese error revela. La Francisco de Paula Santander —la universidad pública de los nortesantandereanos, la que forma a miles de jóvenes— lleva meses atrapada en un pulso por el control de su máximo órgano de dirección. Designaciones hechas a la medida, posesiones que no llegan, delegados del Gobierno nacional y de la Gobernación que denuncian que se les cierra la puerta, un Consejo Superior fracturado en un empate político.  

Cada silla del CSU se disputa como una posición estratégica, porque quien controle ese cuerpo controlará la rectoría. Y para lograrlo se ha estado dispuesto a forzar los estatutos, a ignorar recusaciones y a desoír a la propia justicia.

La UFPS no puede pertenecer a ningún grupo. Le pertenece a la región.

La autonomía universitaria no es una licencia para el atropello. Fue concebida para proteger a la universidad del poder político, no para blindar los apetitos de quienes quieren adueñarse de ella desde adentro. Cuando un órgano colegiado atropella las recusaciones, aparta a los delegados incómodos y sesiona a la medida de un candidato, no ejerce autonomía, la traiciona.

La elección de su próximo rector no puede consumarse sobre un Consejo Superior cuya conformación viene siendo cuestionada, una y otra vez, por los jueces.

Que el proceso judicial siga su curso hasta el final. Que el Ministerio de Educación, la Procuraduría y los órganos de control no miren para otro lado. Que la comunidad universitaria —profesores, estudiantes, egresados— exija que su casa de estudios se gobierne con la ley en la mano y no con las cuentas de un cacicazgo. La justicia ya habló.

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