Nuevamente, la continuidad del varias veces rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Héctor Miguel Parra López, en el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y gobierno de la institución, volvió a quedar en suspenso.

Esto, luego de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitiera, en primera instancia, la demanda de nulidad electoral instaurada por Claudia Elizabeth Toloza, en contra del Acuerdo No. 239 expedido el 28 de abril de 2026 por el CSU, por medio del cual se designó a Parra López como representante de los exrectores ante dicho órgano colegiado para el período institucional 2026-2028.

Como parte del proceso, los magistrados accedieron a la medida cautelar que había pedido la demandante y, en consecuencia, resolvieron suspender los efectos de dicho Acuerdo, razón por la cual el exrector no podrá continuar ocupando la silla de delegado en el Consejo Superior hasta tanto no se resuelva de fondo el litigio jurídico, o hasta nueva orden.

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De acuerdo con el Tribunal, la solicitud de suspensión provisional cumplía con los requisitos previstos en la norma, teniendo en cuenta que “el acto acusado fue demandado por infringirse en su expedición normas superiores indicadas en la demanda”.

Una de esas vulneraciones que se habría presentado en la designación del exrector, es que durante el trámite que se debía surtir fueron recusados dos integrantes del Consejo Superior, Luis Eduardo Trujillo (representante de las directivas académicas) y Leonardo Sánchez (representante de los egresados), a raíz de un posible conflicto de intereses en el que estaban incursos.

En vista de la situación, lo que se pidió fue que se adelantara lo correspondiente en este caso, o se remitiera el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, pero eso no sucedió y, por el contrario, se continuó con la designación del representante de los exrectores.

“Así las cosas, la Sala estima que haber permitido que la sesión avanzara y se adoptara una decisión trascendental como la de designar al representante de los exrectores sin antes despejar la duda jurídica sobre la aptitud de quienes participaban, vulnera el debido proceso y hace procedente que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto demandando”, dice un aparte del auto que admite la demanda.

Allí se agrega que la norma es clara en cuanto a que, una  vez presentada la recusación, se debía suspender la actuación administrativa hasta que hubiera una decisión al respecto, para lo cual el recusado contaba con cinco días hábiles para manifestarse y la autoridad competente con 10 días para resolver de plano, “trámite este que fue desconocido por la autoridad que expidió el acto demandado, resultando evidente la violación de dicha norma por falta de aplicación”.

Ya el Ministerio Público había planteado que en este caso, dicha omisión no podía ser considerada como una “simple irregularidad formal”, toda vez que esta es una garantía “de imparcialidad, objetividad y validez de la decisión administrativa”.

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“(…) la Sala resalta que durante la sesión aludida no solo se omitió el trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, sino que además se permitió que la designación del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario continuara pese a que la imparcialidad de varios de los consejeros con derecho a voto había sido cuestionada formalmente y no se había decidido nada al respecto”, concluyó el Tribunal.

Comenzando junio, una tutela le puso freno también a la designación de Parra López en el Consejo Superior Universitario, al amparar los derechos de la exrectora Claudia Toloza, quien alegó que nunca fue convocada a la sesión en la que se dio dicha elección. No obstante, la universidad apeló el fallo.

Esta nueva confrontación que sacude a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), se da en medio de denuncias sobre presuntas maniobras para asegurar el control político y administrativo del Consejo Superior Universitario, de cara a la elección del próximo rector del alma mater, prevista para finales del presente año para el período 2026-2028.

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