La jornada electoral de este domingo, cerró con 93 capturas en todo el país para la Fiscalía General de la Nación: ocho por delitos contra el voto y 85 de personas que ya eran buscadas por otros crímenes y cayeron durante el operativo electoral.

La entidad explicó que, con el cierre de las urnas, mantuvo activo su plan para detectar y judicializar las conductas que afectan la transparencia del proceso. Fiscales y policía judicial se concentraron en verificar los hechos conocidos y en recibir las denuncias que lleguen en las fases siguientes.

De las ocho capturas por conductas electorales, cinco ocurrieron en un mismo punto de Popayán. En el barrio El Uvo, la Fiscalía detuvo en flagrancia a cuatro mujeres y un hombre por el presunto delito de corrupción al sufragante, una de las formas de compra de votos.

Según la entidad, esas cinco personas estarían verificando los certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política y anotando sus datos en un listado.

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Las otras capturas fueron casos individuales. En Cumaral (Meta), la Fiscalía detuvo a una persona por falsedad personal, tras presuntamente intentar suplantar a un testigo electoral en una mesa; en Valledupar (Cesar), a una mujer por voto fraudulento, porque habría sufragado en dos mesas distintas.

El caso de mayor peso político no terminó en captura, sino en una investigación. Un fiscal especializado contra la corrupción vinculó a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, por el presunto delito de constreñimiento al sufragante, es decir, presionar o coaccionar a los votantes.

Su caso es una de las 10 investigaciones por delitos electorales que la Fiscalía abrió durante la jornada. Las demás se reparten entre Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre.

El grueso de la actividad no tuvo que ver con el voto. Los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional hicieron efectivas 85 órdenes de captura contra personas buscadas por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión y narcotráfico.

A esas capturas, la entidad sumó otras 107 investigaciones por delitos contra la seguridad ciudadana.

Entre los detenidos hubo un caso que resaltó. Un jurado de votación de Hato Corozal (Casanare) era requerido por la justicia por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

La jornada también sirvió para hallar con vida a personas dadas por desaparecidas. Setenta y siete de ellas llegaron a votar en quince departamentos y, tras identificarse en los puestos, salieron de los registros oficiales de desaparición.

A todas se les expidieron actas de supervivencia, el documento que certifica que una persona reportada como desaparecida está viva.

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