Bajo el argumento de que “el crimen es el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por el movimiento Salvación Nacional, presenta su propuesta de seguridad para la llamada Patria Milagro, al tiempo que advierte que “con los criminales no habrá negociación”. 

Con el desenfado carácter que define su personalidad, el candidato ha señalado que una de las primeras cosas que hará al llegar a la Presidencia de la República, será acabar con la política de Paz Total impulsada por Gustavo Petro, la cual considera no un fracaso, sino un acto de traición a la patria. 

Si bien esta es una medida que comparten la mayoría de aspirantes, salvo Iván Cepeda, principalmente porque fue uno de los promotores de esta política, De la Espriella apunta a otro tipo de acciones contra la criminalidad que algunos califican de audaces y radicales, pero otros de populismo punitivo. 

Una de esas apuestas tiene que ver con la construcción de 10 megacarceles, al estilo de los Cecot (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo) de El Salvador, para la reclusión de los delincuentes que no quieran someterse a la justicia. 

Asimismo, contempla la destrucción de más de 300.000 hectáreas de cultivos de coca existentes en el país, mediante procesos de fumigación, sustitución y erradicación manual. 

Otro de sus pilares en materia de seguridad es la reconstrucción de la fuerza pública, en lo técnico y lo moral; pero también la conformación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y de un grupo de primera línea de seguridad, conformada por veteranos y reservistas, para brindar seguridad en los barrios. 

¿Son posibles? 

Pero ¿hasta qué punto estas promesas son factibles? ¿Realmente son tan demagógicas que solo un milagro las haría posibles?

Para el analista político Jhon Mario González éstas son propuestas cargadas de buena intención y concebidas desde el sentido común, sin embargo, considera que ejecutarlas implica una serie de riesgos, sobre todo de tipo reputacional. 

Argumenta que Colombia en general es un país que no tiende a acompañar ese tipo de procesos, porque de alguna manera “se acostumbró a vivir en medio del crimen” y por lo tanto no añora necesariamente un clima pacífico; pero adicionalmente, “no veo claros los apoyos políticos en el Congreso para adelantar una agenda tan ambiciosa como la que necesita Colombia en materia de seguridad”.

Por otra parte, señala que el nivel de violencia de los grupos armados en el país complica el panorama de la confrontación, porque podría haber muchos muertos y esa situación va a deslegitimar la política de seguridad, “eso es andar por una cuerda floja y muy delgada”, apunta González. 

Considera que para abordar una agenda de seguridad tan ambiciosa, de llegar a la presidencia, De la Espriella tendrá que definir prioridades. 

En este sentido, señala por ejemplo que en lo inmediato el objetivo sería tramitar una legislación severa contra la criminalidad, que se pueda aplicar rápido para que el ciudadano vea resultados. 

Sostiene que los diálogos de paz deben acabarse, porque “en Colombia no hay ningún conflicto político, lo que hay son bandidos y narcotráfico”, dijo, añadiendo que el problema es que se requiere el respaldo ciudadano para poder llevar el país a una zona segura. 

Señala que otra prioridad debe ser la cooperación con países como Estados Unidos e Israel, “tiene que ser ambicioso, no se puede quedar solo en unos 500 millones de dólares, sino que sumar también capacidades humanas, de inteligencia”, combinado con planes sociales. 

Sobre las megacárceles indicó que son proyectos que dependen de decisiones que pueden demorarse hasta un año, “hay que trabajar en decisiones de corto, mediano y largo plazo, no queriendo hacer todo al mismo tiempo”, sostuvo el analista político. 

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