Cuarenta años de prisión aguardan al coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, no solo por el homicidio de Dimar Torres Arévalo, excombatiente de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, sino también por, presuntamente, haber planeado un entramado para encubrir el crimen.

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Con la captura de Pérez, de 48 años, cayó la última pieza que permanecía en libertad dentro de este caso. El hombre fue detenido en el barrio García Rovira, de Bucaramanga, en cumplimiento de una orden judicial para que empiece a cumplir la condena de 40 años que le fue impuesta por el delito de homicidio en persona protegida.

Aunque el coronel no fue quien disparó directamente contra la víctima, su nombre apareció un mes después del asesinato, cuando fue vinculado a la investigación. Con el paso de los años, las pesquisas llevaron a que pasara de ser señalado de conocer el crimen y no reportarlo a ser acusado de, presuntamente, haber ordenado el asesinato y diseñado el plan para ocultarlo.

Según la investigación, el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, de Convención, Dimar Torres se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios militares. Uno de ellos, Daniel Eduardo Gómez, le disparó en repetidas oportunidades con su fusil, causándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, los uniformados trasladaron la motocicleta y el cuerpo hasta una base militar, donde, al parecer, pretendían enterrarlo para desaparecer las evidencias. Sin embargo, la ausencia del campesino, quien había salido a comprar unos machetes para sus labores, alertó a la comunidad, que se dirigió hasta la instalación militar.

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Al llegar, los habitantes fueron recibidos con disparos al aire. Pese a ello, permanecieron en el lugar y, tras unos 20 minutos de búsqueda, encontraron el cadáver y la motocicleta junto a un hoyo recién cavado.

Inicialmente, la comunidad denunció que Torres habría sido víctima de tortura, pues aseguraron haber observado un sangrado abundante, lesiones en sus partes íntimas y la camiseta a medio poner. No obstante, esa versión fue posteriormente descartada por los investigadores.

El caso quedó en manos de las autoridades y los militares involucrados fueron puestos a disposición de la justicia. En un principio, Daniel Gómez aseguró que Torres le había arrebatado el fusil y que el arma se disparó accidentalmente. Sin embargo, la investigación desvirtuó esa versión.

Las pesquisas concluyeron que, presuntamente, el coronel Pérez ordenó el crimen porque consideraba que Torres había instalado un campo minado. Además, habría instruido a sus subalternos para realizar seguimientos ilegales a la familia de la víctima.

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De acuerdo con un audio interceptado por los investigadores, Pérez le habría explicado a Gómez que, cuando la comunidad descubriera lo sucedido, presentarían el caso como si "en extrañas circunstancias falleció Dimar Torres, habitante de una vereda de Convención".

Por estos hechos ya fueron condenados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida. Asimismo, Daniel Eduardo Gómez fue sentenciado a 20 años de cárcel tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

Entre tanto, Jorge Armando Pérez Amézquita había sido condenado desde febrero de 2024, luego de que un juez valorara el material probatorio presentado por la Fiscalía. Con su captura, comenzará a cumplir la pena impuesta.

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