Un total de 39 personas habrían resultado afectadas por 18 atentados con drones explosivos perpetrados en el Catatumbo en lo que va del año. Esta cifra no incluye las bajas y heridos registrados entre integrantes de los grupos armados ilegales que han sido blanco de estos ataques.

Fuentes consultadas por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) informaron que, en cuanto a los combatientes guerrilleros muertos en confrontaciones por el uso de drones, la cifra estaría entre 15 y 20. Sin embargo, no existen registros oficiales y las condiciones del conflicto dificultan la verificación de estos hechos en el terreno.

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Con esta información y un registro propio de todos los ataques confirmados bajo esta nueva modalidad, Corporeddeh elaboró un informe investigativo que evidencia cómo el cielo del Catatumbo se ha convertido en un espacio que ahora se mira con temor.

Según este recuento, elaborado mediante trabajo de campo, fuentes institucionales y registros humanitarios, los principales afectados han sido los militares. En total, cinco uniformados habrían perdido la vida y otros 19 resultaron heridos en estos atentados.

Los civiles tampoco han estado exentos de la violencia. Dos personas murieron y otras 13 resultaron lesionadas. Además, se registraron daños en viviendas, cultivos, animales e instalaciones militares, así como desplazamientos y confinamientos de comunidades.

Esta técnica, descrita por Corporeddeh como "una de las principales modalidades de confrontación armada en Norte de Santander", afectó principalmente a los municipios de Tibú y El Tarra, con siete episodios documentados en cada uno. Les siguen Teorama, Sardinata y Convención, con un atentado registrado en cada municipio.

"Los hallazgos evidencian una transformación de las dinámicas del conflicto armado mediante la incorporación de drones comerciales adaptados con explosivos, situación que incrementa el riesgo para la población civil y plantea importantes desafíos para la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario", concluyó la investigación.

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Los episodios más violentos

Dentro del listado de atentados destaca una seguidilla de hechos ocurridos entre el 23 y el 27 de mayo, periodo en el que se registraron tres ataques con drones explosivos. El primero ocurrió en la vereda Barranca, de Tibú, y el último en la base militar La Esmeralda, en Convención. Sin embargo, el más grave fue el sucedido entre ambos, por el impacto que tuvo sobre la Fuerza Pública.

El 24 de mayo, en la vereda Barco La Silla, de Tibú, el Eln perpetró un ataque que cobró la vida del soldado Aldair Bermúdez Rodríguez, de 25 años, y dejó a otros siete militares heridos. El caso tuvo gran repercusión mediática, pues en varios videos quedó registrado el gesto de un compañero que cargó el cuerpo del uniformado sobre sus hombros para sacarlo del campo de batalla y permitir que su familia pudiera darle el último adiós.

Los civiles tampoco quedaron a salvo. En el segundo atentado del año, ocurrido el 29 de enero, perdió la vida Yeily Tatiana Durán Ascanio, quien se movilizaba en motocicleta por el sector de Filo El Gringo, en El Tarra, cuando un dron cargado con explosivos cayó cerca de ella.

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La explosión fue suficiente para causarle la muerte en el lugar. Minutos después, habitantes de la zona acudieron para auxiliarla, pero ya no había nada que hacer.

La segunda víctima civil tardó casi cinco meses en registrarse. El 18 de junio, un nuevo ataque con drones sacudió el kilómetro 25 de la vía Tibú-La Gabarra. En esa oportunidad murió un menor de aproximadamente 14 años, mientras que otras cinco personas resultaron heridas: tres adultos, un adolescente de 17 años y una bebé.

La familia fue sorprendida por el ataque mientras compartía en una vivienda. Ese mismo día, en la vereda Galán, se registró otro hecho violento que dejó un civil herido.

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