Las osamentas de 172 indígenas guatemaltecos que murieron durante la guerra que sufrió el país entre 1960 y 1996 serán entregadas a sus familiares el 27 de noviembre, tras un proceso de exhumación e identificación que comenzó en 2014.
Tras la entrega, las familias velarán y enterrarán los restos en la comunidad Santa Avelina del municipio de San Juan Cotzal, en el departamento de El Quiché, a 100 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca, según precisó en un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Guatemala.
Las víctimas fueron exhumadas hace tres años en un cementerio clandestino del centro de la comunidad por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), tras acciones de búsqueda realizadas por los familiares.
La FAFG explicó que las osamentas corresponden a indígenas desde recién nacidos a ancianos víctimas de capturas y desapariciones forzadas, muertes violentas, fallecimientos indirectos debido a la falta de alimentos, enfermedades, epidemias como el sarampión y otras circunstancias, de acuerdo al testimonio de los parientes.
“La posibilidad de ofrecer un entierro digno a sus seres queridos y la posibilidad de saber dónde visitarlos son etapas esenciales en el proceso de cierre del duelo”, agregó el CICR, que apoya en Guatemala la búsqueda de los desaparecidos de la guerra.
Un informe de la ONU presentado en febrero de 1999 señaló que el conflicto dejó 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, de los cuales 93% fueron responsabilidad de las fuerzas del Estado.
Además, indicó que 83,33% de las víctimas eran descendientes de los mayas y que 45,52% de las violaciones a los derechos humanos y actos violentos se perpetraron en El Quiché, el más golpeado por la guerra.
Familiares de víctimas de una región de El Quiché mantienen abierto un juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, cuyo régimen de facto entre 1982 y 1983 fue uno de los más cruentos de la guerra.
El general retirado, de 91 años, enfrenta un juicio especial por demencia, luego de que la máxima instancia judicial del país anulara la condena de 80 años de prisión por genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar errores procesales.
