La justicia europea desestimó el recurso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro contra el régimen de sanciones adoptado en 2017 por la Unión Europea (UE), por la situación de los derechos humanos en el país.

El Tribunal General de la UE decidió dar la razón al Consejo de la Unión Europea que consideraba inadmisible la demanda de Caracas.

En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que pudieran utilizarse para la represión interna en Venezuela.

Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía “al deterioro de la democracia y los derechos humanos”.

El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos.

El tribunal desestimó la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, especialmente porque las “disposiciones impugnadas no afectan directamente” a Caracas.

“A lo sumo, pueden tener efectos indirectos” ya que las prohibiciones impuestas pueden limitar “las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios”.

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia.

Los europeos evitaron imponer sanciones a sectores económicos, para no perjudicar la crisis humanitaria en el país, ni sancionar al presidente Maduro, para no cerrar los canales diplomáticos.