Cuando le preguntaron a Gloria Arizabaleta, presidente de la Comisión de Acusaciones, de dónde había salido la suspensión provisional al presidente Petro por presunta participación en política, ella dijo que “se le fue” en un correo. Sin embargo, tal documento no podía pasar, ni pasó, desapercibido por el público y las instituciones, pues carecía de sustento legal. Tan así, que ya ha sido sancionada.

El 11 de junio, la Procuraduría ordenó que la suspendieran temporalmente. En la mañana del 16, la Cámara de Representantes (organismo del que hacía parte Arizabaleta) acató la petición del órgano de control y apartó del cargo a la congresista. Su curul se encuentra en vacante temporal.

Todo quedó consignado en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026.

A pesar de que su puesto quedó vacante, el órgano legislativo aclaró que no habrá reemplazo. Además, agregaron que no habrá espacio para recursos debido a que la decisión la tomó la autoridad competente del caso. Es decir, Arizabaleta no terminará su periodo como congresista, pues la sanción va hasta el 20 de julio.

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En el fallo que ordenó la sanción, la Procuraduría argumentó que la representante actuó sin tener la competencia jurídica para ordenar tal medida contra el jefe de Estado.

Para el ente de control, la actuación de la representante podría configurar el delito de prevaricato por acción, al saltarse los procedimientos legales y tomar una decisión unilateral en lugar de llevarla a la sala plena de la Comisión.

Asimismo, su permanencia en el legislativo fue tomada como un peligro institucional, pues la Procuraduría la calificó como un riesgo para la “dignidad humana” y el debido proceso, señalando que podría continuar adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico dentro del expediente contra el mandatario.

Pero ahí no acaban los problemas para Arizabaleta. Además de la sanción disciplinaria en la Procuraduría y la Cámara, la representante se enfrenta a un proceso penal.

Luis Felipe Henao, abogado, la demandó ante la Corte Suprema de Justicia. Ante el alto Tribunal, el ciudadano sostuvo que la orden de suspensión provisional emitida por Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro —en el marco de una investigación por presunta participación en política— vulnera flagrantemente el ordenamiento constitucional y legal vigente.

Ante la denuncia, la Sala de Instrucción de este tribunal le abrió una investigación preliminar.

Arizabaleta ha anunciado varias ruedas de prensa para hablar del episodio; sin embargo, todas han sido canceladas sobre el tiempo, por lo que su postura no se conoce a fondo.

Lo que se sabe es gracias a una entrevista que tuvo Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, con Blu Radio, en donde dijo que la congresista aseguró que “no sabe cómo” se filtró el documento.

Las investigaciones siguen su curso.

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