Si los principales gremios económicos de Norte de Santander pudieran hacerle hoy una sola petición al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante los primeros meses de gobierno, la respuesta sería prácticamente unánime: garantizar la seguridad del departamento.
Y es que si en algo coinciden todos, es en que ninguna política de desarrollo, inversión o competitividad será efectiva mientras persistan las condiciones de violencia e incertidumbre que hoy afectan a la región.
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Por eso, casi que al unísono, el mensaje que hoy se envía desde esta zona de frontera y desde una región tan rica en biodiversidad, pero tan abandonada, como lo es el Catatumbo, es que la prioridad, a partir de este momento para quien asume las riendas de la Nación, es fortalecer la seguridad como condición indispensable para recuperar la confianza de los empresarios y los inversionistas.
Cifras como la que se consolidó en Norte de Santander al término de 2025 en materia de extorsión, cuando se denunciaron 435 casos en el departamento, es decir, unos 25,4 casos por cada 100.000 habitantes, superando incluso la media nacional que estuvo en 23, mantienen más que encendidas las alarmas. Esto, si se tiene en cuenta, además, que podría estarse hablando de subregistros, por el temor que sienten muchos a la hora de denunciar.

Hace apenas unos días, La Opinión reseñó el caso de una planta de coque ubicada en la vereda Santa Cecilia del corregimiento San Faustino, que fue atacada por un grupo de hombres que se identificó como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y prendió fuego a vehículos cargadores y volquetas; luego procedieron a disparar para amedrentar a los empleados, quienes vivieron momentos de terror.
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Por estos hechos, las puertas de la empresa tuvieron que ser cerradas, lo que conllevó a la parálisis de 400 hornos de coquización. En la misma zona operan 25 plantas coquizadoras con cerca de 2.000 hornos, de los cuales 1.500 permanecen paralizados.
En ese sentido, la esperanza de que la seguridad regrese o se vuelva a sentir después de muchos años en esta región no es en vano. La urgencia de que el departamento viva tranquilo y en paz no solo debe entenderse como un asunto relacionado con el orden público, sino como un elemento esencial para impulsar la competitividad, atraer inversión y generar empleo.
La posibilidad de producir, transportar mercancías e invertir depende, en gran medida, de que existan corredores logísticos y comerciales seguros que permitan desarrollar la actividad económica sin amenazas constantes.
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Los voceros gremiales, pero también los exmandatarios y las autoridades regionales insisten en que si el Gobierno logra recuperar la tranquilidad en la región, el sector privado tendrá la capacidad de impulsar el resto de las transformaciones necesarias.
Incluso, hay quienes van más allá y plantean que únicamente en un entorno seguro será posible avanzar en proyectos de infraestructura, fortalecer la internacionalización de las empresas y recuperar el dinamismo de la frontera con Venezuela.
Y es por eso que proponen que, una de las apuestas del Gobierno debe estar centrada en incrementar las inversiones en el Catatumbo para reducir la violencia que afecta esa subregión y que se termina trasladando a otras zonas como el área metropolitana de Cúcuta, para así garantizar condiciones estables para el desarrollo económico de todo el departamento y de la frontera.

Esto, por cuanto, recuperar el orden público tendría efectos inmediatos también sobre el turismo. Desde esta perspectiva, un departamento seguro no solo atrae visitantes, sino que también fortalece hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercio y servicios, generando un círculo virtuoso que beneficia a toda la economía regional.
En otras palabras, la seguridad no aparece únicamente como una política que busca poner fin a los grupos armados y quienes siembran el terror en el país, sino como la base sobre la cual puede construirse un modelo de desarrollo económico y social sostenible para los próximos años en Norte de Santander.
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